La diputada federal del PAN, Kenia López Rabadán, cuestionó las reformas a las leyes de derechos de autor y de propiedad industrial que se discuten en el Congreso, al considerar que ambas pueden generar restricciones a la libertad de expresión y permitir sanciones contra usuarios y creadores de contenido en Internet.
Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, la legisladora señaló que existen dos reformas a las que se ha denominado coloquialmente “leyes antimeme”: una aprobada la semana pasada por el Senado y otra avalada este miércoles por la Cámara de Diputados. Explicó que cada una modifica un marco legal distinto y establece consecuencias diferentes.
“La Cámara de Diputados, lamentablemente, aprobó ayer esta reforma a la ley de derechos de autor. En el Senado de la República, lamentablemente, ya también se aprobó la reforma a la ley de la propiedad industrial”, afirmó.
La legisladora advirtió que la redacción aprobada puede afectar también a usuarios que ejerzan su libertad de expresión. Sobre la reforma aprobada en San Lázaro, explicó que modifica la Ley Federal del Derecho de Autor y establece responsabilidades para los proveedores de plataformas de Internet.
“Esta ley, en estricto sentido, es económica, llamémosle así, la de la Cámara de Diputados obliga a los proveedores de las plataformas a retirar, suspender las publicaciones, quitarle el Internet a los usuarios”, sostuvo.
En contraste, indicó que la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial, cuyo origen fue el Senado, establece sanciones de carácter penal. “La otra, la del Senado de la República, te mete a la cárcel. Una es administrativa económica, la otra es de gestión corporal”, explicó.
López Rabadán precisó que ambos proyectos deberán continuar su trámite parlamentario. La reforma a derechos de autor, aprobada por los diputados, será discutida en el Senado, mientras que la modificación a propiedad industrial, avalada inicialmente por los senadores, deberá ser analizada por la Cámara de Diputados.
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La diputada panista destacó que, durante las discusiones, Morena, el Partido Verde y el PT respaldaron las modificaciones, mientras que PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra. Señaló que en ambas cámaras la oposición ha planteado objeciones relacionadas con el posible impacto de las reformas sobre la libertad de expresión.
Uno de sus principales cuestionamientos se refiere a la posibilidad de que los proveedores de Internet retiren o suspendan contenidos sin que exista previamente una resolución judicial. López Rabadán sostuvo que la redacción permite actuar a partir de la apreciación del propio proveedor sobre una eventual violación a derechos de autor.
También cuestionó la viabilidad de que los proveedores puedan determinar si una publicación infringe derechos de autor, debido a la amplitud de los supuestos que podrían entrar en esa categoría.
“Es materialmente complejísimo, casi imposible, si tú eres un proveedor de internet, tienes una plataforma, de saber si una persona en la sierra de Guerrero, o aquí en Iztapalapa, o en Polanco, o un monero está violando derechos de autor”, señaló.
La legisladora sostuvo que la preocupación alcanza tanto a caricaturistas y creadores de contenido reconocidos como a ciudadanos que elaboran y comparten publicaciones en redes sociales. En ese sentido, explicó que el término “ley antimeme” surgió como una manera de referirse al posible efecto de las reformas sobre contenidos de sátira, crítica y discusión pública, aunque reconoció que ninguna de las dos iniciativas utiliza expresamente la palabra “meme”.
Aseguró que uno de los argumentos para impulsar las reformas es combatir el uso fraudulento de imágenes, nombres y elementos de instituciones públicas o de personas conocidas para engañar a ciudadanos. Relató incluso que ella misma fue informada en alguna ocasión de que su imagen y nombre eran utilizados para promocionar un producto que no conocía. “Efectivamente, ese ha sido uno de los argumentos”, afirmó al referirse a la necesidad de combatir ese tipo de prácticas.
Sin embargo, sostuvo que el Congreso pudo haber establecido una distinción más precisa entre esas conductas fraudulentas y aquellas protegidas por la libertad de expresión, como la sátira, la caricatura o la crítica política.
López Rabadán afirmó que la oposición presentó una reserva para incorporar expresamente esa protección en la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor, pero que la propuesta fue rechazada.
“Nosotros les dijimos, muy bien, les proponemos una reserva que discutimos y que evidentemente no quisieron aceptar para garantizar, y te leo exactamente lo que nosotros propusimos, favoreciendo en todo momento el ejercicio de la libertad de expresión, el derecho a la información, la libertad de prensa, la actividad periodística y la crítica política”, explicó.
Detalló el contenido de la propuesta presentada por la oposición para modificar la fracción sexta del artículo 114 de la Ley Federal del Derecho de Autor. La redacción planteada agregaba que las disposiciones debían aplicarse “favoreciendo en todo momento el ejercicio de la libertad de expresión, el derecho a la información, la libertad de prensa, la actividad periodística, la crítica política, y la deliberación pública plural”.
De acuerdo con la legisladora, la reserva buscaba establecer una salvaguarda explícita para evitar que las nuevas facultades pudieran utilizarse contra expresiones protegidas.
“Nosotros decimos, si aceptan eso, entonces es que sí es una reforma de buena fe. Que sí lo que estás queriendo es ayudar a los ciudadanos”, sostuvo.
Aseguró que la propuesta fue rechazada durante la discusión en la Cámara de Diputados, al igual que otras reservas presentadas por la oposición. “Si tú propones que se garantice la libertad de expresión y ellos dicen que no, pues la verdad es que camina como pato, ¿no? Escribe como pato, pues es pato”, afirmó.
Consideró que la legislación debió establecer de manera expresa las garantías necesarias para proteger la libertad de expresión, el derecho a la información, la libertad de prensa y la crítica política.
La legisladora también cuestionó que los proveedores puedan quedar expuestos a multas de hasta 4.7 millones de pesos si no cumplen con las disposiciones. Afirmó que esa posibilidad puede generar incentivos para que las plataformas retiren contenidos ante el riesgo de ser sancionadas.
López Rabadán sostuvo que el efecto de estas disposiciones podría extenderse más allá de los creadores de contenido conocidos, pues cualquier usuario podría quedar sujeto a una medida de suspensión o retiro de contenidos si el proveedor considera que existe una violación a derechos de autor.
En ese sentido, llamó a los creadores de contenido y ciudadanos a mantener la defensa de la libertad de expresión. “A todos ellos les decimos: es tiempo de valientes, no cedan ante las leyes como estas que son claramente injustas”, dijo.
Consideró que las discusiones en ambas cámaras serán relevantes para determinar el alcance de las modificaciones y lamentó la falta de un parlamento abierto para ampliar el debate.
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