La Ley de Economía Digital, aprobada por el Senado y la Cámara de Diputados, abre espacios de discrecionalidad para la Secretaría de Hacienda al permitirle determinar qué sectores deberán abandonar el efectivo, advirtió Mariana Campos, directora general de México Evalúa, en entrevista con Aristegui en Vivo.
Aunque consideró positiva la digitalización de los pagos por sus beneficios para la productividad, la inclusión financiera y el combate a la corrupción, señaló que la legislación carece de mecanismos suficientes de transparencia, evaluación y diálogo con los sectores que podrían verse obligados a cambiar sus operaciones.
Lo que sí hay que entender es que hay sectores que utilizan efectivo muchísimo y que esta ley lo que deja es una facultad amplísima a la Secretaría de Hacienda para definir qué sectores, hasta en 15 días, van a tener que usar efectivo formal.
Campos señaló que la ley pudo establecer un comité que escuchara al sector privado, estudios de viabilidad y criterios para definir qué actividades económicas tendrían que adoptar los pagos digitales.
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Campos advirtió que la falta de estas salvaguardas podría generar incertidumbre para los negocios en un entorno de baja inversión y crecimiento económico limitado.
También rechazó la idea de que los pequeños comercios necesariamente deban comprar terminales bancarias para aceptar pagos digitales, pues existen alternativas como códigos QR, celulares que funcionan como terminales y cuentas con instituciones agregadoras de pagos.
Otro riesgo, dijo, es la ciberseguridad y refirió que México enfrenta un problema importante de fraudes digitales y advirtió que obligar a más personas y negocios a utilizar estos medios sin fortalecer la protección de los usuarios podría dejarlos vulnerables.
Añadió que las fiscalías tienen carencias tecnológicas que dificultan las investigaciones de este tipo de delitos.
“Creo que no debamos lastimar la confianza o poner todavía más incertidumbre a la que ya tenemos”, sostuvo.
Por ello, subrayó, México Evalúa consideraba necesario incorporar medidas de gobernanza, transparencia y evaluación de la estrategia, además de una política de ciberseguridad que proteja tanto a consumidores como a negocios.
Finalmente, la especialista llamó a documentar y reportar ante las autoridades las barreras o dificultades que surjan durante la implementación de la ley, para que los problemas que enfrenten los sectores afectados puedan ser atendidos.
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