La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo demandó la realización de auditorías exhaustivas al interior del Instituto Nacional Electoral (INE), luego de las revelaciones sobre presuntos esquemas de corrupción y conflictos de interés en contrataciones públicas de la institución.
Durante su conferencia matutina, la mandataria afirmó textualmente que no debe haber ninguna sombra de corrupción en el organismo electoral ni en ninguna parte del país, al tiempo que diferenció su postura de las movilizaciones pasadas que defendían intereses particulares, refiriéndose a la marea rosa.
Las declaraciones presidenciales sucedieron a la respuesta pública de la consejera presidenta del organismo, Guadalupe Taddei Zavala, quien ya negó en dos ocasiones actos de corrupción, aunque se ha negado a responder preguntas puntuales sobre contratos, presuntos conflictos de intereses y vínculos con contratistas.
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La titular del órgano electoral aseguró que solicitará formalmente a la Auditoría Superior de la Federación una nueva revisión de los procesos de licitación, con el objetivo de brindar certidumbre sobre el ejercicio de los recursos públicos.
Taddei Zavala sostuvo que las personas señaladas en las investigaciones periodísticas ya no forman parte de la nómina institucional, y detalló que los expedientes de sus declaraciones patrimoniales fueron turnados al Órgano Interno de Control.
La funcionaria rechazó de manera categórica que Jonathan Navarrete Torres haya sido su conductor personal, pese a encontrarse adscrito a la presidencia del instituto, y argumentó que su traslado diario está a cargo de un asistente especializado.
La controversia se originó a partir de publicaciones del diario Reforma, que documentan la designación de Jesús Octavio García González como director de Administración del instituto en septiembre de 2025, después de haber fungido como representante legal de Corporativo Zeg para obtener un contrato de casi 200 millones de pesos en materiales para la elección judicial.
García González renunció a su cargo administrativo en abril de 2026, tras ser denunciado formalmente por conflicto de interés y abuso de funciones ante el Órgano Interno de Control del propio organismo.
Asimismo, documentos oficiales revelaron que Jonathan Navarrete Torres cobró un salario mensual de 45 mil 765 pesos como chofer con plaza de jefe de departamento, mientras ostentaba un poder notarial para pleitos y cobranzas de Corporativo Zeg que omitió en su manifestación de bienes.
Personal administrativo y elementos de seguridad del órgano electoral aseguraron que Navarrete Torres no asiste a laborar a las oficinas centrales, situación por la cual el secretario ejecutivo, Roberto Félix, solicitó un informe a las áreas correspondientes.
Investigaciones periodísticas documentaron que las labores de transporte y la preparación de alimentos de Taddei Zavala son ejecutadas por Luis Alberto Bustamante Canizales, quien percibe cerca de 70 mil pesos mensuales como líder de proyecto.
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