Crismón daba órdenes de compra por 10 mil litros para ferrotanques de hasta 112 mil: Ruffo Appel

El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, aseguró que su participación en la empresa Ingemar se limitó a ser accionista y, en algunas ocasiones, secretario del Consejo de Administración, y rechazó haber intervenido en la operación de importación de combustibles por la que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) lo acusa de participar en un esquema de delincuencia organizada relacionado con el llamado huachicol fiscal.

Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, Ruffo relató que su ingreso al negocio comenzó cuando una persona conocida, concesionaria de un puerto en Ensenada, le pidió ayuda para vender un barco especializado en emergencias petroleras. Para ello recurrió a José Merino Valdés Cuervo, a quien conocía desde años atrás y quien había sido director de una sociedad general de una certificadora internacional que certificaba procesos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Aunque la venta del barco no se concretó y la embarcación continúa en el puerto de El Sauzal, en Ensenada, durante ese proceso surgió la posibilidad de construir una terminal marítima de combustibles en Baja California.

Ruffo explicó que la entidad recibe combustibles por vía marítima desde una monoboya ubicada en mar abierto frente al municipio de Playas de Rosarito, cerca de las islas Coronado, una infraestructura que, dijo, está expuesta a condiciones meteorológicas adversas y cuya operación plantea una situación ambiental que requería ser corregida.

A partir de esa iniciativa comenzaron las gestiones para desarrollar la terminal. Sin embargo, según Ruffo, el propietario de la concesión portuaria, de apellido Thompson, llegó a un acuerdo con un inversionista y los dejó fuera del proyecto, pese a que él y Valdés Cuervo ya habían invertido tiempo y recursos en la ingeniería y en los trámites.

El proyecto de la terminal no prosperó, pero continuaron las gestiones ante la Secretaría de Energía para obtener un permiso de importación de combustibles cuyo destino sería esa infraestructura.

Ruffo afirmó que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador las autoridades les negaron inicialmente el permiso, por lo que promovieron amparos. Según su relato, durante el proceso la entonces secretaria de Energía, Rocío Nahle, fue apercibida judicialmente ante el incumplimiento de una orden, hasta que finalmente se acreditó el permiso de importación, aunque con restricciones.

El exgobernador explicó que, debido al tiempo y recursos que había destinado al proyecto, pidió incorporarse como socio de Ingemar. Señaló que su actividad profesional fuera del gobierno había incluido labores de consultoría y desarrollo de negocios orientadas al desarrollo regional de Baja California.

“Así es como también, claro, había puesto dinero y así llegué yo de accionista a Ingemar y ese ha sido todo mi rol, ser accionista, en algunas ocasiones secretario del Consejo de Administración, pero yo nunca participé en la operación misma de la empresa Ingemar”, sostuvo.

De acuerdo con Ruffo, Ingemar fue constituida como una empresa importadora y, por cuestiones relacionadas con el esquema previsto en la legislación para la importación y comercialización de combustibles, tuvo que contratar a una empresa comercializadora. Esa compañía fue Crismón Hidrocarburos y Derivados.

[embedded content]

Ruffo explicó que Ingemar tenía como socios a Valdés Cuervo y a Thompson, además de las sociedades relacionadas con este último, mientras que él tenía 49 por ciento de las acciones. Precisó que existían pequeñas participaciones que modificaban ligeramente la distribución accionaria.

Dijo que la relación con Crismón comenzó después de que Ingemar acudiera a la Secretaría de Energía en busca de orientación sobre empresas con las cuales pudiera trabajar. Según su versión, tras obtener el permiso de importación comenzaron a llegar a sus oficinas personas interesadas en utilizar la autorización para importar combustibles.

“Era tan evidente que algo pasaba mal, porque en cuanto obtuvimos el permiso, se nos llenó ahí la oficina, la antesala, de tipos que simplemente ni los podías ver”, relató.

Ante esa situación, explicó, solicitaron orientación a la Secretaría de Energía. De acuerdo con lo que le informó su socio Valdés Cuervo, desde esa instancia les proporcionaron una lista de cinco compañías y de ahí eligieron a Crismón Hidrocarburos y Derivados.

Ruffo aclaró que él no estuvo presente en la reunión en la que se habría entregado esa lista y que la gestión correspondió a Valdés Cuervo. “Yo como dije hace un momento, yo solo he participado en el Consejo de Administración como accionista. Él me narró todo esto y así fue como se seleccionó a esta compañía Crismón”, dijo.

El exgobernador señaló que posteriormente comenzaron a surgir elementos que le llamaron la atención sobre la forma en que se realizaban las importaciones. Uno de ellos fue el volumen de combustible declarado frente a la capacidad de los medios de transporte utilizados.

Explicó que las órdenes de compra de Crismón eran sistemáticamente por 10 mil litros de combustible, mientras que los ferrotanques utilizados para transportarlo tenían capacidad para aproximadamente 110 mil o 112 mil litros.

“Cuando yo me entero de que estos diez mil litros, en el caso de un ferrotanque que le caben 110, 112 mil litros, pues te salta”, afirmó.

Ruffo dijo que preguntó a Valdés Cuervo por qué se utilizaban ferrotanques con una capacidad tan superior al volumen que se declaraba. La explicación que recibió fue que Crismón había contratado con Kansas City Southern más de 150 ferrotanques por cinco años y que debía utilizarlos, por lo que se les colocaban 10 mil litros para mantenerlos en movimiento.

El exgobernador señaló que consideró que esa situación debía ser revisada por las autoridades aduaneras. Explicó que, aunque los ferrotanques tienen una estructura metálica que impide conocer a simple vista su contenido, existe un Manifiesto Único Ferroviario (MUF) que es emitido antes de que el convoy llegue a la aduana mexicana.

Apuntó que este documento informa a las autoridades sobre los ferrotanques y su contenido y también se entrega una copia a la aduana estadounidense. Una vez que el convoy cruza la frontera y llega a los patios aduanales, puede recibir luz verde para continuar sin que necesariamente exista una inspección física del contenido de cada tanque.

Ruffo sostuvo que este mecanismo debería permitir detectar discrepancias entre la información registrada en los documentos de importación y el contenido transportado. “Y esperaba yo que la aduana señalara la discrepancia porque es a quien le corresponde hacer la inspección. Y ¿qué ocurrió? Pues nunca pasó nada”, afirmó.

Ante las preguntas sobre si los convoyes recibían de manera sistemática el semáforo verde, respondió: “Siempre le tocaba verde”.

El exgobernador precisó que las primeras importaciones comenzaron con camiones en abril de 2024. Los vehículos tenían capacidad para transportar entre 30 mil y 40 mil litros, mientras que las órdenes continuaban siendo por 10 mil litros. Los ferrotanques comenzaron a utilizarse en abril de 2025, detalló.

Fue siempre diez mil como si fuera un asunto sistemático.

Indicó que esa situación aumentó sus dudas y que incluso intentó vender sus acciones de Ingemar, aunque no pudo concretarlo debido al derecho de tanto previsto en los documentos constitutivos de la empresa: “Y yo ahí empecé a decir: ‘oigan, yo vendo mis acciones. No estoy tranquilo aquí’”.

Dijo que, a partir de entonces, se distanció todavía más de la operación cotidiana de la compañía, en la que reiteró que no tenía funciones ejecutivas. Explicó que visitó las oficinas únicamente en un par de ocasiones y que no tenía una oficina propia dentro de la empresa.

El exmandatario comentó que esperaba que las diferencias entre la capacidad de los vehículos y el volumen declarado fueran detectadas por la aduana. Sin embargo, aseguró que eso no ocurrió hasta una inspección realizada en patios ferroviarios de Ramos Arizpe, Coahuila, después de una denuncia por un fuerte olor a gasolina.

Ruffo señaló que esa inspección dio pie a la investigación en la que posteriormente fue involucrado.

Sobre el proceso penal que enfrenta, explicó que todavía no ha llegado a la etapa de desahogo de pruebas y que por lo pronto se encuentra vinculado a proceso. Añadió que presentó una solicitud de amparo, por lo que el juez autorizó que continuara el proceso bajo prisión domiciliaria. Además, le pidió no revelar detalles de la investigación que corresponden al análisis judicial.

También cuestionó que, según la información que conoce, Crismón Hidrocarburos y Derivados no figure en la investigación de la misma manera que Ingemar. Señaló que solamente tiene conocimiento de una persona vinculada con Crismón que habría solicitado un poder especial de Ingemar para realizar gestiones ante la aduana.

Explicó que ese poder fue otorgado y posteriormente cancelado entre mayo y junio de 2025, cuando comenzaron a precipitarse los acontecimientos. Según Ruffo, dicha persona de apellido Rangel, aparece en la información proporcionada por la FEMDO para solicitar una orden de aprehensión, aunque hasta el momento no ha sido localizada.

Dijo que le llamó la atención, al revisar los tomos de la investigación, el origen del combustible. Afirmó que Ingemar no contrataba directamente con refinerías ni intervenía en la contratación del transporte, pero al revisar la documentación encontró que buena parte de las referencias apuntaban a Deer Park, la refinería de Pemex ubicada en Texas.

“Así parece según los papeles que me enviaron de las copias de las averiguaciones de FEMDO. Por eso para mí usted es muy importante porque usted hace investigación, periodismo de investigación, y esto puede ser algo increíblemente grande y y no me caben de la cabeza. ¿Cómo es que pudiera darse una cosa así?”, señaló.

En cuanto a la acusación específica en su contra, Ruffo explicó que la FEMDO investiga un presunto caso de delincuencia organizada, pero cuestionó que en los documentos que ha podido revisar no encuentre elementos que acrediten que él haya coordinado la operación de importación.

“Yo no aparezco en ningún papel, ninguna gestión, porque yo nunca gestioné nada. Pero se hace evidente que se está estado buscando dónde aparezco yo”, afirmó.

Según el exmandatario, en la investigación se habría intentado vincular su nombre con distintos eslabones de la cadena de importación para establecer que él era el coordinador de la operación.

“Entonces, el eje central, y lo han dicho, creo que alguna autoridad importante, de que yo he sido el coordinador de ese fenómeno. Para nada, no conozco yo ni para nadie de todos los dirigentes o gerentes de este cadena de distintos asuntos en una operación que es compleja de importación, y no se diga en este caso de combustibles”, sostuvo.

Señaló que en su opinión la investigación busca establecer que Ingemar y específicamente él coordinaban una operación de importación ilegal, aunque no tuviese participación en la operación cotidiana.

“El responsable es la gerente general, porque es por conducto de quien, por los poderes otorgados por el consejo de administración, se opera día a día. Valdés Cuervo es socio que también tuvo funciones de operación y era el que estaba ahí en gran número de ocasiones en las oficinas”, explicó.

Ruffo también habló sobre las conversaciones que sostuvo en el penal del Altiplano con otros exgobernadores que se encuentran recluidos o estuvieron ahí, entre ellos Mario Marín, Ángel Aguirre y César Duarte, así como con otros internos.

Describió su ingreso al penal como una experiencia “terrible” y “humillante”, pero dijo que el intercambio con otros internos y particularmente con exgobernadores representó un respaldo moral y psicológico durante su reclusión. “No se lo deseo a nadie”, señaló.

Explicó que en el penal existe lo que los internos llaman “el carcelazo”, un proceso de incertidumbre que puede afectar la seguridad personal y psicológica de quienes ingresan. En ese sentido, dijo que otros reclusos se alentaban entre sí para enfrentar la presión.

También relató que las conversaciones con los exgobernadores se centraron en sus experiencias políticas y en la situación institucional del país. En esas charlas, sostuvo, surgía la preocupación por la necesidad de reconstruir las bases institucionales del Estado mexicano.

“Con el asunto de que hay que reinstitucionalizar a la autoridad”, respondió al recordar el tema que, según su ducho, habría provocado aplausos de otros internos que escuchaban las conversaciones desde distintos pisos del penal.

“Salían aplausos de otros pisos de gente que estaba escuchando, cuando hablábamos del asunto de que tenemos que reconstruir las bases para que el Estado Mexicano pueda fluir, para que se reinstitucionalice la autoridad”, mencionó.

También se refirió a las conversaciones que sostuvo con los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Lagunes, exmarinos vinculados a otra investigación por presunto huachicol fiscal. Dijo que uno de los temas que discutió con ellos fue la asignación funcional y administrativa que tenían dentro de la Secretaría de Marina cuando ocurrieron las operaciones investigadas.

Dijo que, según lo que escuchó de ellos, no se encontraban en las inmediaciones donde ocurrieron las operaciones de importación marítima cuestionadas y que, al menos en el caso del almirante Manuel Farías, sus funciones estaban asignadas a otro lugar.

Recordó la petición de los hermanos para que su entonces tío político, el exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, aclare las órdenes y las funciones que tenían asignadas.

De regreso a su proceso, Ruffo Appel pidió que se continúe investigando el caso y reiteró que la documentación de la investigación no demuestra que haya coordinado la operación por la que fue acusado.