La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que, por primera vez, cuenta con funcionarios que están dando información sobre la presunta red de corrupción en el Instituto Nacional Electoral (INE) a cambio de sanciones reducidas.
Según la ASF, esta colaboración ha permitido obtener información de personas que conocen cómo habrían operado las irregularidades en contrataciones públicas de organismos electorales durante varios años.
Entre los elementos recabados destacan testimonios, documentos, fotografías, videos, información financiera, domicilios, mensajes de WhatsApp, así como nombres y alias de personas presuntamente involucradas.
Hasta ahora, las investigaciones han permitido documentar indicios de que beneficiarios finales de diversas empresas habrían intervenido en la selección de proveedores y en la definición de requisitos técnicos para favorecer sus propios intereses.
La ASF continuará las investigaciones para identificar a más involucrados, rastrear el destino de los recursos y que se impongan las responsabilidades correspondientes.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de 25 personas físicas y 15 empresas vinculadas a empresas proveedoras del ámbito electoral, justo mientras crece la exigencia por aclarar el presunto esquema de corrupción operado al amparo de Guadalupe Taddei mientras estuvo al frente del Instituto Nacional Electoral (INE).
Medios como Reforma y El Universal confirmaron que entre las personas bloqueadas se encuentra precisamente Guadalupe Taddei.
En comunicado, se informó que tras detectar operaciones de riesgo, la UIF presentó formalmente la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR) para deslindar responsabilidades penales.
Inteligencia Financiera no dio detalles sobre las personas bloqueadas, aunque durante las últimas semanas se han presentado reportajes sobre presuntos esquemas de corrupción al amparo de Guadalupe Taddei, que tuvo que renunciar a la presidencia del Consejo General del INE.
Se espera que el asunto también sea denunciado por el propio INE ante la Fiscalía General de la República (FGR).
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A la par de las acciones del gobierno federal, este mismo 4 de noviembre se confirmó que Claudia Arlett Espino, exsecretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), presentó su renuncia irrevocable al cargo de Directora General Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua.
En su carta de dimisión, la exfuncionaria argumentó que se retiraba para “atender los señalamientos mediáticos registrados en días pasados” que la vinculan a las contrataciones indagadas.
El expediente de Claudia Espino y la red del “Club Taddei”
La dimisión de Espino en Chihuahua ocurre a solo dos meses de haber renunciado de manera sorpresiva a la Secretaría Ejecutiva del INE —el segundo cargo en importancia operativa del instituto— el pasado 9 de septiembre de 2026, un día antes del inicio formal del Proceso Electoral Federal.
Investigaciones periodísticas identificaron a Espino dentro del grupo de altos mandos conocido como el “Club Taddei”. Durante su gestión previa como presidenta del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua en 2021, Espino otorgó un contrato por 33.9 millones de pesos a la empresa Cajas Graf.
En ese momento, la firma privada estaba representada legalmente por Jesús Octavio García González, personaje que posteriormente fue promovido por Guadalupe Taddei para ocupar la Dirección de Administración del INE en septiembre de 2025. García González debió dimitir en abril de 2026 tras formalizarse denuncias por conflicto de interés ante el Órgano Interno de Control (OIC).
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