La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) manifestó su respaldo y solidaridad con el juez Sergio Alberto Sigales Obrador Garrido ante la destitución e inhabilitación temporal por un año dictada en su contra por el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ).
En comunicado, la organización gremial expresó una profunda preocupación por el riesgo de que esta resolución impuesta por el órgano disciplinario refuerce un ánimo represor contra las personas juzgadoras de carrera y socave la independencia judicial en el país.
El comunicado de la JUFED señaló que el procedimiento administrativo sancionador estuvo precedido por descalificaciones públicas pronunciadas en las conferencias matutinas de la presidenta Claudia Sheinbaum.
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En el gremio judicial, esta circunstancia generó la sospecha de que el Tribunal de Disciplina Judicial actúa por consigna política e intereses partidistas en lugar de guiarse por criterios de imparcialidad e independencia, afirmó la JUFED.
Asimismo, la asociación calificó como inadmisible que la separación del cargo derive de un ejercicio interpretativo sobre la aplicación de penas en procedimientos abreviados tramitados durante 2022, máxime cuando el propio fallo reconoció la ausencia de daño patrimonial o beneficio personal del juzgador.
El conflicto legal que originó la investigación disciplinaria se remonta a resoluciones dictadas entre julio y octubre de 2022 por Sigales Obrador Garrido, quien se desempeñaba como titular del Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Colima. En cuatro causas penales por delitos federales, el juez realizó un control judicial a solicitud de las defensas y redujo las penas propuestas por la Fiscalía General de la República (FGR) de cuatro años y dos meses a tres años y cuatro meses de prisión, al considerar que la representación social omitió tomar en cuenta que los procesados carecían de antecedentes penales.
Las determinaciones del juzgador provocaron un debate de criterios dentro de la propia judicatura federal.
Mientras un tribunal unitario de apelación en Colima revocó los cuatro fallos al sostener que el juzgador no podía modificar las penas pactadas en el procedimiento abreviado, otros tribunales de alzada de Jalisco y juzgados de amparo avalaron la interpretación jurídica del juez Sigales en casos similares, configurando una discrepancia de criterios que debía resolverse mediante los recursos legales ordinarios y no por la vía disciplinaria.
La controversia escaló cuando el Tribunal de Disciplina Judicial presentó una denuncia penal ante la FGR en contra del propio juez por presuntos delitos contra la administración de justicia. El oficio de denuncia fue enviado el 3 de noviembre de 2025, el mismo día en que la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió públicamente a un caso de liberación en Colima durante su conferencia de prensa. De este modo, el órgano encargado de sustanciar el procedimiento administrativo asumió simultáneamente el rol de denunciante en el ámbito penal mientras la causa disciplinaria continuaba abierta.
La defensa del juzgador, encabezada por el abogado Arturo Guerrero Zazueta, advirtió sobre severas irregularidades en el manejo de las medidas cautelares y los plazos procesales. Guerrero explicó que una comisión de investigación suspendió provisionalmente al juez sin contar con las atribuciones formales para adoptar dicha medida, además de prolongar la suspensión durante meses sin notificar oportunamente las resoluciones ni entregar las actas de las sesiones solicitadas por la defensa.
Frente a las acusaciones públicas formuladas desde el Poder Ejecutivo, el juez Sergio Alberto Sigales rechazó cualquier señalamiento de corrupción o conducta indebida en el ejercicio de su encargo.
El magistrado inhabilitado sostuvo que su actuación siempre buscó equilibrar la tutela de los derechos humanos y el debido proceso frente al uso excesivo de la prisión preventiva, y advirtió que el uso del aparato disciplinario y penal por razones de criterio busca infundir temor e intimidar al resto de los juzgadores federales del país.
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