La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) descartó, “hasta el momento”, actos de tortura relacionados con la detención de 39 personas durante la manifestación del 11 de octubre para exigir agua limpia en Guadalajara.
Sin embargo, no detalló en su comunicado las pruebas que sustentan su conclusión.
Mientras tanto, el organismo dijo que mantiene 25 quejas contra policías estatales por presunto abuso de autoridad y reconoce que falta esclarecer el posible uso excesivo de la fuerza.
La CEDHJ informó que entregó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el expediente y la documentación sobre los hechos, luego de que el organismo nacional atrajera el caso.
“Hasta el momento, la CEDHJ descarta actos de tortura relacionados con estos hechos”, afirmó pero no especificó qué elementos de prueba revisó para llegar a esa determinación ni qué hechos abarcó su valoración.
El organismo estatal también sostuvo que continúa siendo fundamental esclarecer los señalamientos sobre el posible uso excesivo de la fuerza policial y el presunto incumplimiento de los protocolos de actuación.
La CEDHJ informó que recibió 25 quejas contra elementos de la Policía Estatal por presuntos actos de abuso de autoridad, abrió el acta de investigación 41 y dictó medidas cautelares, pero no precisó cuántas de esas quejas corresponden específicamente a denuncias de tortura.
La comisión estatal indicó que 16 personas servidoras públicas realizaron labores de observación y acompañamiento antes, durante y después de la manifestación del 11 de octubre.
También destacó que dio seguimiento a la situación de las 39 personas detenidas, con el propósito de vigilar que se respetaran sus derechos y garantías.
Además, el organismo reportó que mantuvo presencia en las movilizaciones del 18 de octubre, con 39 personas servidoras públicas, y del domingo 25, con 40.
Respecto de la entrega del expediente, la CEDHJ detalló que la CNDH notificó por correo electrónico la atracción del caso el 13 de octubre y que el acuerdo se recibió físicamente al día siguiente, con un plazo de cinco días para entregar la documentación.
El 19 de octubre, la Comisión estatal solicitó una prórroga de cinco días hábiles debido al volumen de material visual que debía recopilar, revisar e integrar y la CNDH concedió la ampliación ese mismo día.
La CEDHJ manifestó su disposición de colaborar con la instancia nacional para contribuir al esclarecimiento de los hechos y reiteró que las autoridades deben apegarse a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
Además insistió en que las autoridades deben garantizar los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y protesta social.
La conclusión de la Comisión estatal se dio a conocer mientras la CNDH desarrolla sus propias actuaciones sobre las detenciones del 11 de octubre.
El organismo nacional anunció el 21 de octubre que un equipo interdisciplinario inició evaluaciones técnico-especializadas y médico-psicológicas para documentar posibles actos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
La CNDH también informó que contemplaba aplicar conforme a las necesidades de cada caso, el Protocolo de Estambul, que permite investigar y documentar posibles actos de tortura y malos tratos.
El organismo nacional no ha establecido, hasta el momento, una conclusión sobre la existencia de esos delitos.
La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura establece que ese delito debe investigarse de oficio, por ello se esperan los procedimientos de las fiscalías involucradas o cierre de una investigación judicial.




