Violencia e impunidad del pasado alimentan la crisis actual en México: Barrera y Fernández

El informe final del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en México entre 1965 y 1990 documentó 8 mil 594 víctimas, 46 masacres y más de 123 mil personas desplazadas, además de identificar mecanismos de impunidad que, de acuerdo con sus integrantes, permanecen vigentes y ayudan a explicar la crisis de violencia que enfrenta actualmente el país.

Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, Abel Barrera, fundador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, y David Fernández Dávalos, integrante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, señalaron que el trabajo del mecanismo permitió sistematizar testimonios y denuncias acumulados durante décadas por víctimas y colectivos, aunque cuestionaron que las recomendaciones y conclusiones del informe no hayan sido asumidas por las autoridades.

Barrera recordó que los integrantes del mecanismo fueron convocados para investigar las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante ese periodo y que hace dos años entregaron el informe final, titulado Fue el Estado.

“Fue un trabajo exhaustivo, alimentado, nutrido por los testimonios de las víctimas de varios estados del país”, explicó.

El documento tiene alrededor de 6 mil páginas y pudo ser publicado con apoyo de universidades. Sin embargo, Barrera sostuvo que no recibió el reconocimiento esperado por parte de la Secretaría de Gobernación, particularmente respecto de las recomendaciones y de los factores de persistencia identificados por el mecanismo.

Ubicó la continuidad de la impunidad desde la década de 1960 hasta la actualidad. Señaló que hubo actores señalados como perpetradores, incluidos elementos del Ejército, que no fueron investigados, mientras que carpetas de investigación, expedientes y denuncias permanecieron estancados.

El trabajo contó con el apoyo de alrededor de 50 investigadores e investigadoras y permitió documentar, además de las víctimas y masacres, el desplazamiento de más de 123 mil personas durante aquellos años. Para Barrera, uno de los objetivos centrales fue hacer visible y sistematizar información que colectivos, sobrevivientes y víctimas habían denunciado durante décadas.

Señaló que a dos años de la entrega del informe las recomendaciones no han sido atendidas y el documento tampoco ha sido asumido por las autoridades. No obstante, consideró necesario que colectivos, universidades y sectores de la sociedad interesados en los derechos humanos conozcan sus resultados.

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Para David Fernández Dávalos, uno de los principales mensajes que deja el informe es que la violencia y la impunidad de décadas anteriores tienen una relación con la violencia que actualmente enfrenta México.

“La violencia del pasado, la impunidad del pasado, es la que alimenta, la que habilita, la violencia que estamos viviendo hoy en el país”, afirmó.

Fernández sostuvo que el informe permitió documentar cómo determinadas prácticas utilizadas durante el periodo de represión fueron posteriormente incorporadas por grupos del crimen organizado. Según explicó, las Fuerzas Armadas y las policías judiciales de aquella época desarrollaron métodos y tácticas contrainsurgentes que posteriormente fueron retomados por organizaciones criminales.

“Podemos asegurar que los métodos, las tácticas contrainsurgentes que echaron a andar las Fuerzas Armadas, particularmente, y las policías judiciales de aquel momento, pasaron como técnicas al crimen organizado por una mutua fecundación que se dio allá en los primeros ochenta, los fines de setentas”, señaló.

En ese sentido, ligó prácticas como las desapariciones, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales con métodos que fueron utilizados inicialmente contra disidencias políticas, político-militares, culturales y sociales.

“Las desapariciones, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, son hoy polvo de aquellos lodos, es decir, fueron aprendidas por el crimen organizado, pero fueron ensayadas en contra de las disidencias políticas, político-militares, culturales y sociales de aquella época”, sostuvo.

Para el integrante del Centro Prodh, revisar ese periodo no tiene únicamente un propósito histórico. Consideró que identificar cómo se construyeron los mecanismos de silencio, impunidad y violencia resulta necesario para enfrentar la situación actual.

Fernández también planteó que las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia tienen parte de sus antecedentes en ese periodo y que fueron estructuradas para responder a intereses políticos del Estado.

“Las entidades de procuración y administración de justicia que tenemos hoy en nuestro país cuajaron, se organizaron en aquella época, y se organizaron y cuajaron para dar seguridad política al Estado, no para procurar y administrar justicia en favor de la ciudadanía”, afirmó.

En particular, señaló a las procuradurías estatales y sostuvo que han sido utilizadas para perseguir a opositores y atender los intereses políticos de los grupos gobernantes, por lo que planteó la necesidad de una reforma profunda de las instituciones de procuración y administración de justicia.

“En síntesis, no podemos rehacer lo que está ocurriendo en el país, no podemos superar la crisis que estamos viviendo en temas de seguridad, de violencia, de administración de justicia, de reparación, de no repetición, si no nos remontamos aquella época para entender cómo se gestó lo que está ocurriendo, y vamos desmontando los mecanismos que hoy impiden vivir en paz y con tranquilidad”, dijo.

Fernández apuntó que el objetivo no debe limitarse a reconstruir históricamente lo ocurrido, sino utilizar ese conocimiento para identificar las causas de problemas que permanecen.

Recordó que México ha atravesado alternancias entre partidos y grupos en el poder sin que ello haya derivado en una reforma profunda del Estado.

Abel Barrera planteó que el informe puede convertirse en una herramienta para acompañar las demandas que familiares de víctimas han mantenido durante décadas, particularmente en entidades como Guerrero y Sinaloa.

Mencionó, entre otros casos, el de Tita Radilla, cuyo padre, Rosendo Radilla, desapareció forzosamente en 1974 en Atoyac, Guerrero. Un caso que derivó en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin que hasta el momento se sepa sobre su paradero.

“Que las nuevas generaciones, sobre todo en estos centros universitarios, puedan beber de este manantial que nutre la situación que vivimos hoy de esta crisis de derechos humanos”, planteó.

El defensor consideró que esa revisión debe servir también para discutir cómo reconstruir un Estado basado en el Estado de derecho y cómo colocar a las víctimas “en el centro de la acción política”.

Barrera también destacó la importancia de recuperar la memoria de las víctimas y recordó que permanece pendiente la creación de un centro nacional de memoria. A ello sumó la necesidad de continuar con la búsqueda de las personas desaparecidas y analizar las causas que permitieron que persistiera la impunidad.

Considera que la falta de avances en estos temas mantiene abierta la problemática de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el periodo estudiado. “Creo que va a ser muy difícil reconciliarnos con este pasado que nos sigue afectando, que sigue siendo una herida abierta”, afirmó.

El fundador de Tlachinollan también destacó el papel de las madres buscadoras, a quienes ubicó actualmente “en la primera línea” de las exigencias de verdad y justicia.

Por su parte, Fernández Dávalos consideró que el análisis del periodo de 1965 a 1990 debe vincularse con la formación de nuevas generaciones de defensores de derechos humanos y luchadores sociales.

“Necesitamos una nueva generación de luchadores sociales y de defensores de derechos humanos en un momento en que hay una contrarrevolución cultural antiderechos en América Latina y también en general en el mundo”, sostuvo.

Por ello, explicó que el acercamiento con las universidades forma parte de la intención de transmitir lo aprendido durante el trabajo del mecanismo y generar vínculos entre estudiantes, organizaciones sociales y víctimas.

Planteó que las nuevas generaciones deben trabajar junto con otros grupos afectados por la situación actual, particularmente las víctimas, quienes pueden convertirse en actores sociales capaces de impulsar nuevos caminos para el país.

Fernández también subrayó que la responsabilidad de recuperar la memoria, esclarecer la verdad, reparar a las víctimas y establecer garantías de no repetición corresponde al Estado, aunque consideró que la sociedad debe mantener la exigencia para que esas obligaciones se cumplan.

“El mensaje es: no todo podemos dejárselo al Estado y sin embargo tenemos que exigir que el Estado cumpla con sus tareas y estas tareas son tareas de recuperar la memoria, de esclarecer la verdad, de poner garantías de que esto no se va a volver a repetir en el futuro y que se repare a las víctimas”, concluyó.