El Congreso de Veracruz aprobó una reforma al Código Penal del estado que amplía el catálogo de conductas relacionadas con el lavado de dinero y establece sanciones más severas para los responsables. La reforma, impulsada por la gobernadora Rocío Nahle García, busca cerrar espacios de impunidad y dotar al Estado de mayores herramientas para la persecución eficaz de las operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La reforma establece una multa de mil a cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para quienes realicen o auxilien a otros en la adquisición, enajenación, administración, custodia, posesión, cambio, conversión, depósito, retiro, entrega o recepción de recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando se tenga conocimiento de que proceden de una actividad ilícita. Además, se entenderá que son producto de una actividad ilícita los recursos, derechos o bienes que provengan directa o indirectamente de la comisión de un delito y no se pueda acreditar su legítima procedencia.
La reforma también establece que, cuando el agente activo sea un servidor público, las sanciones se aumentarán hasta en una mitad y se le destituirá e inhabilitará para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta. Los diputados de los diferentes partidos políticos expresaron su apoyo a la reforma, destacando su importancia para combatir el lavado de dinero y fortalecer la seguridad pública en el estado.
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