Xalapa, Ver; 6 de octubre de 2026. — El Pleno de la LXVII Legislatura aprobó por unanimidad el dictamen de decreto que adiciona un Capítulo VI, denominado Cohabitación Forzada, y el artículo 190 Octodecies al Título V Bis del Libro Segundo del Código Penal, para imponer de ocho a 15 años de prisión y multa de mil a 2 mil 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a quien cometa el delito de cohabitación forzada de personas menores de 18 años.
Esta reforma, aprobada con 48 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra, es resultado de la iniciativa presentada el pasado 21 de mayo por el diputado Luis Vicente Aguilar Castillo.
De acuerdo con lo aprobado, comete el delito de cohabitación forzada de personas menores de 18 años quien obligue, coaccione, induzca, solicite, gestione u oferte a una o varias de estas personas a sostener una unión informal o consuetudinaria, con o sin su consentimiento, con alguien de su misma condición o con persona mayor de dieciocho años, con el fin de convivir en forma constante y equiparable a la de un matrimonio.
Las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales, y de Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Familia, instancias dictaminadoras, coinciden con el promovente en atender la cohabitación forzada mediante una disposición penal específica, toda vez que la imposición de una vida de pareja puede comprometer la libertad, la continuidad educativa, la salud y el desarrollo de niñas, niños y adolescentes.
En representación del Grupo Legislativo de Morena, la diputada Liud Herrera Félix precisó que este dictamen atiende una realidad que no puede seguirse permitiendo, y que la reforma busca cerrar una puerta que permitía que una práctica prohibida continuara ocurriendo bajo otra forma.
Por el PVEM, la diputada Roxana Barragán Hernández votó a favor para que en Veracruz ninguna niña, niño o adolescente tenga que vivir una unión que alguien más decidió por ellos. Del PAN, la diputada Indira de Jesús Rosales San Román afirmó que esta normatividad representa una deuda pendiente con la niñez veracruzana.
La legisladora del PT, Elizabeth Morales García, consideró que esta modificación fortalece las herramientas para proteger a la niñez frente a prácticas que todavía persisten; y por el PRI, la legisladora Ana Rosa Valdés Salazar expresó su voto a favor e indicó que esta reforma busca combatir prácticas ancestrales que deberían erradicarse.
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