La organización Tejiendo Redes Infancia advirtió que la reforma aprobada por la Cámara de Diputados para sancionar el reclutamiento forzado de personas menores de edad mantiene vacíos en materia de prevención, protección y atención a las víctimas, por lo que llamó al Senado de la República a revisar el dictamen antes de continuar con su proceso legislativo.
El martes, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 419 votos, un dictamen que adiciona un capítulo a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas. La reforma establece penas de 10 a 20 años de prisión para quien induzca o incorpore a personas a grupos delictivos mediante medios impresos o electrónicos, y de 15 a 25 años cuando exista intimidación, coacción o abuso de poder. La captación de menores de edad es considerada directamente como reclutamiento forzado.
El dictamen fue enviado al Senado para sus efectos constitucionales y establece, además, agravantes cuando los responsables sean servidores públicos, exintegrantes de las Fuerzas Armadas o empleen capacitación de seguridad privada. También prevé agravantes cuando las víctimas sean personas indígenas, afromexicanas o en movilidad humana, así como la destitución e inhabilitación de funcionarios públicos involucrados.
Tras la aprobación, Tejiendo Redes Infancia advirtió que el nuevo marco legal no establece una política integral para prevenir este fenómeno, desvincular de manera segura a las víctimas y garantizar su reparación.
La organización sostuvo que con la aprobación de la reforma se repite un patrón legislativo que deja pendientes recomendaciones internacionales y excluye la participación especializada de organizaciones de la sociedad civil y de las propias infancias.
“México enfrenta una crisis de violencia armada contra sus infancias que no puede seguir tratándose como un asunto secundario de seguridad pública”, señaló.
Detalló que la problemática abarca el reclutamiento, la desaparición, la explotación sexual, el desplazamiento y los homicidios de niñas, niños y adolescentes, por lo que el país requiere una política de Estado para prevenir y erradicar el reclutamiento forzado.
La organización citó registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, según los cuales durante 2025 fueron asesinadas 817 niñas, niños y adolescentes, un promedio de 2.2 víctimas al día, pese a que la cifra representó una reducción respecto de 2024. Al mismo tiempo, señaló que el país carece de información pública suficiente para conocer la magnitud real del reclutamiento infantil.
En su pronunciamiento Tejiendo Redes Infancia aseguró que la preocupación también alcanza al reclutamiento mediante plataformas digitales. Señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum ha reconocido el uso de redes sociales, falsas ofertas laborales y videojuegos para captar a personas jóvenes, pero consideró que la reforma aprobada únicamente reconoce los medios electrónicos como posibles instrumentos del delito.
La organización criticó que dictamen no establezca obligaciones específicas de debida diligencia para las plataformas, mecanismos especializados para detectar y denunciar estos casos ni procedimientos para vincular la evidencia digital con investigaciones por reclutamiento y desaparición.
Planteó que la respuesta del Estado debe ir más allá de retirar publicaciones o detener a personas señaladas como reclutadoras. Consideró necesario investigar las estructuras de mando, las redes financieras y las posibles complicidades institucionales que permiten la captación, el traslado, el sometimiento y la utilización de menores.
También advirtió que adolescentes previamente reclutados pueden ser obligados a captar a otras víctimas, por lo que las autoridades deben identificar las condiciones de coerción y evitar su criminalización automática.
Cinco riesgos señalados por la organización
En el documento técnico difundido antes de la votación, Tejiendo Redes Infancia identificó cinco riesgos jurídicos y de protección integral asociados con el dictamen.
El primero es que la reforma incorpora el reclutamiento a un régimen legal que enfrenta problemas estructurales de investigación, identificación de víctimas y obtención de sentencias. Citó un diagnóstico del propio Gobierno mexicano, según el cual existen pocos casos de trata procesados y con sentencias firmes, además de dificultades de coordinación institucional y atención y reparación de víctimas.
El segundo riesgo se refiere a la ubicación normativa del delito. La organización señaló que el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas recomendó a México tipificar explícitamente en el Código Penal Federal las vulneraciones relacionadas con el reclutamiento y utilización de niños en hostilidades. Asimismo, indicó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó tipificar de manera autónoma el delito de reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes.
El tercer punto es la distinción entre reclutar y utilizar a niñas, niños y adolescentes. Tejiendo Redes Infancia sostuvo que el reclutamiento puede producirse mediante amenazas, engaños, falsas ofertas laborales, deudas, manipulación afectiva, violencia sexual o mecanismos de sometimiento familiar y comunitario, y que las víctimas pueden ser utilizadas en labores de vigilancia, transporte, mensajería, distribución de drogas, extorsión, explotación sexual, actividades armadas, homicidios o para captar a otras personas.
El cuarto riesgo corresponde al tratamiento de adolescentes previamente reclutados que son obligados a captar a otras víctimas. El documento advierte que el dictamen reconoce que todo reclutamiento infantil es forzado, pero también prevé la posibilidad de imputar a adolescentes por reclutar a otras personas y remite a disposiciones de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
La organización consideró necesario determinar en cada caso si el adolescente fue previamente reclutado, amenazado o manipulado, identificar las responsabilidades de las personas adultas y garantizar una valoración individualizada. Señaló que el reconocimiento de la condición de víctima no elimina automáticamente la responsabilidad por hechos concretos, pero exige aplicar los principios de especialización, mínima intervención, proporcionalidad y justicia restaurativa, evitando respuestas automáticas de privación de libertad.
El quinto riesgo se relaciona con reclutamiento y desaparición. La organización señaló que las falsas ofertas laborales, la captación digital, el traslado a otros territorios, la privación de la libertad, el adiestramiento bajo coacción y la desaparición pueden formar parte de una misma secuencia criminal. Por ello, pidió que las investigaciones puedan relacionar ambos fenómenos cuando existan indicios suficientes e incorporar hipótesis de reclutamiento en la búsqueda de personas desaparecidas, sin retrasar las obligaciones de búsqueda inmediata.
Piden una política integral
La organización sostuvo que la creación de un tipo penal autónomo, por sí sola, no garantiza investigaciones eficaces ni la desarticulación de las redes criminales. Advirtió que una regulación que no permita identificar las estructuras de mando, los mecanismos de captación, la posible colaboración de funcionarios y las distintas formas de explotación puede concentrar la persecución penal en responsables operativos, mientras quienes organizan, financian o se benefician del reclutamiento permanecen impunes.
Añadió que la protección de niñas, niños y adolescentes no puede limitarse a retirar publicaciones de internet o detener a reclutadores, sino que requiere investigar las estructuras de mando, las redes financieras y las posibles complicidades institucionales que permiten la captación, traslado, sometimiento y utilización de personas menores de edad.
Tejiendo Redes Infancia planteó una tipificación autónoma, clara y amplia en el Código Penal Federal, acompañada de reformas al sistema de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. También propuso distinguir entre reclutamiento y utilización criminal, considerar las formas directas e indirectas de participación impuesta por estructuras adultas y establecer reglas para investigar a quienes dirigen las redes criminales.
La propuesta incluye además un mecanismo nacional especializado para la identificación y desvinculación segura de las víctimas, protección de sus familias, atención y recuperación psicosocial, restitución de derechos y reparación integral.
Este mecanismo, planteó la organización, debería coordinarse con el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), las Procuradurías de Protección, las comisiones de atención a víctimas y las autoridades de investigación y búsqueda, con presupuesto, protocolos, protección frente a represalias, alternativas educativas y comunitarias y seguimiento individualizado.
Foto: Archivo Cuartoscuro
Tejiendo Redes Infancia también advirtió sobre posibles contradicciones entre disposiciones de la Ley General de Trata, el Código Penal Federal y la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, además de posibles duplicidades sancionatorias que, señaló, podrían afectar el reconocimiento y la protección de las víctimas.
Por ello, pidió al Senado convocar a un parlamento abierto, con acompañamiento técnico del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos internacionales, así como con la participación de organizaciones especializadas, familias buscadoras, instituciones académicas y autoridades de protección integral.
La organización planteó que ese proceso incorpore mecanismos seguros y significativos de participación de niñas, niños y adolescentes, particularmente de quienes viven en territorios afectados por la violencia armada.
“México no necesita acostumbrarse a que sus adolescentes desaparezcan, sean reclutados o mueran en una guerra que no eligieron. La protección de sus vidas debe ser una responsabilidad prioritaria de todo el Estado, no una promesa que se agota en nuevas penas de prisión y reformas legislativas vacías”, sostuvo Tejiendo Redes Infancia.
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