La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que las empresas Grupo de Seguridad Privada Pryse de México y Protección, Resguardo y Servicios Empresariales se encuentran oficialmente inhabilitadas para recibir contratos públicos federales.
A través del comunicado No. 127, emitido este 11 de noviembre de 2026, la dependencia federal informó que en el Diario Oficial de la Federación se publicó la circular donde se notifica que el Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito revocó la suspensión que beneficiaba a ambas firmas de seguridad privada.
La resolución judicial, dictada en la revisión incidental R.A. 189/2026, reactiva de manera plena los efectos de la sanción originalmente impuesta por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno a través del Órgano Interno de Control (OIC) en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), según la información oficial.
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Con este fallo, ningún servidor público del gobierno federal, ni de los gobiernos estatales o municipales, podrá celebrar contratos con estas dos razones sociales cuando involucren recursos federales. La Secretaría subrayó que dará seguimiento al proceso en las instancias correspondientes para defender la vigencia de las sanciones, sosteniendo que fueron dictadas conforme a derecho y en resguardo del interés público.
Un emporio de seguridad bajo la lupa
La restitución de la inhabilitación se produce en medio de una serie de publicaciones de Víctor Hugo Arteaga, que documentan que Grupo Pryse obtuvo 267 contratos públicos por un monto acumulado de 12 mil 928 millones de pesos (alrededor de 15 mil millones de pesos al considerar IVA) entre 2019 y 2026, durante las administraciones de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum.
Según las investigaciones, Grupo Pryse ya había sido inhabilitado administrativamente por órganos internos de control en dependencias como el IMSS, el IMSS-Bienestar y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) por irregularidades en la entrega de documentación. No obstante, la compañía recurrió a suspensiones y amparos provisionales que le permitieron continuar concursando y adjudicándose contrataciones millonarias, tales como asignaciones por más de mil 300 millones de pesos a finales de 2025.
Previo a la revocación de la suspensión, Grupo Pryse figuraba en el registro de concursantes para una licitación de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) de Veracruz, programada para la vigilancia de aduanas e instalaciones por un monto de 646 millones de pesos, según la investigación.
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La investigación periodística identificó además que Pryse participó en licitaciones en consorcio; entre ellas, la adjudicación de servicios para el Tren Maya de la mano de Servicios Integrales Valbón. Valbón figura en la carpeta de investigación 928/2024 de la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto tráfico de armas, hidrocarburos, facturación simulada y lavado de dinero, con presuntos nexos hacia el empresario Raúl Rocha Cantú.
El equipo de investigación constató que la accionista mayoritaria registrada (51%), doña Silvia Muciño Negrete —de 90 años de edad—, reporta un domicilio en una colonia popular de Jiutepec, Morelos, donde los actuales arrendatarios y vecinos aseguraron no conocerla, además de existir dudas periciales sobre la autenticidad de las firmas asentadas en contratos públicos.
Por estas anomalías en la contratación y supervisión de servicios de seguridad privada, se ingresó formalmente una denuncia ciudadana ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para revisar los ejercicios fiscales 2025 y 2026 de Grupo Pryse.
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