La relatora especial de la ONU sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Gina Romero, expresó su preocupación por el uso excesivo de la fuerza contra las personas que participaron el domingo en la manifestación por la calidad y el abastecimiento de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara, que dejó decenas de detenidos y personas heridas.
Además, llamó al gobierno de México a investigar “de forma pronta e independiente” las denuncias de uso excesivo de la fuerza, malos tratos y otras posibles violaciones a derechos humanos.
En un mensaje publicado el lunes en su cuenta de X, Romero señaló que recibió “información preocupante sobre el uso excesivo de la fuerza y armas menos letales contra miles de personas que participaron en una manifestación pacífica por el derecho al agua en Guadalajara”.
“Según la información recibida, gases lacrimógenos, balas de goma y otros medios de dispersión fueron usados indiscriminadamente, así como detenciones arbitrarias”, afirmó la relatora, quien subrayó que debe garantizarse la integridad y los derechos de todas las personas detenidas.
Romero también pidió a las autoridades abstenerse de emitir discursos estigmatizadores contra quienes ejercen sus libertades fundamentales.
#Mexico He recibido información preocupante sobre el uso excesivo de la fuerza y armas menos letales contra miles de personas que participaron en una manifestación pacífica por el derecho al agua en Guadalajara. 1/
— Gina Romero (@Ginitastar) October 12, 2026
La reacción de la relatora se produjo un día después de la movilización convocada para exigir soluciones a los problemas de contaminación, abastecimiento y calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara, que terminó con decenas de personas detenidas y heridas.
El Gobierno de Jalisco informó que 39 personas fueron detenidas, 28 policías resultaron lesionados y 31 civiles recibieron atención médica, mientras familiares y colectivos señalaron que fueron 54 las personas detenidas durante la movilización.
Amnistía Internacional señaló posteriormente que había recabado información sobre al menos 50 detenidos, tras los reportes de organizaciones civiles, testigos y periodistas. La organización internacional sostuvo que existen versiones contradictorias sobre el número de personas detenidas y liberadas, debido al hermetismo de las autoridades.
Fiscalía reporta 32 personas liberadas de las 39 detenidas
La noche del lunes, la Fiscalía de Jalisco informó que nueve personas más fueron puestas en libertad, con lo que sumaron 32 manifestantes liberados de las 39 personas detenidas tras los actos violentos registrados al exterior de Casa Jalisco.
La Fiscalía precisó que las nueve personas liberadas fueron Martín Itzcóatl “N”, Luis Fernando “N”, Alejandro Daniel “N”, Miguel Ángel “N”, Miguel Maximiliano “N”, Martha “N”, Mariana “N”, así como Iker Ricardo “N”, Jorge Ignacio “N” y Daniel “N”.
Foto: EFE
De acuerdo con la Fiscalía estatal, el Ministerio Público determinó su libertad con fundamento en el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que permite continuar con la integración de las carpetas de investigación sin que las personas permanezcan privadas de la libertad.
La protesta surgió a partir de las denuncias de habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara sobre problemas de calidad y abastecimiento de agua. Los manifestantes señalaron que desde marzo al menos 320 colonias recibían agua sucia, con olor a alcantarilla y con presencia señalada de heces fecales, bacterias y metales pesados como mercurio y cadmio, además de problemas de cloración.
El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) denunció la situación después de examinar muestras de agua. Los inconformes señalaron que el problema llevaba alrededor de tres años, pero que se había agravado desde marzo y alcanzado su peor nivel durante las tres semanas previas a la movilización.
Entre las demandas planteadas están la emisión de una alerta sanitaria, medidas para proteger la salud de la población y soluciones a los problemas de infraestructura y abastecimiento. Habitantes también atribuyeron parte de la contaminación a presuntas descargas ilegales en la presa de Las Pintas y señalaron posibles malos manejos financieros y deterioro de infraestructura como factores que habrían agravado la situación.
Gobierno de Jalisco atribuye violencia a “grupo de choque”
El Gobierno de Jalisco sostuvo que la marcha comenzó de manera pacífica y que, después de aproximadamente dos horas, un “grupo de choque” de alrededor de 400 personas provocó actos violentos.
El secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández, afirmó que el grupo estaba integrado por algunas personas encapuchadas y que portaban palos y piedras. Según su versión, los participantes retiraron las vallas colocadas frente a Casa Jalisco y agredieron a policías.
De acuerdo a la última actualización, este domingo, alrededor de 10 mil personas se manifestaron pacíficamente para exigir agua de calidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Durante las dos primeras horas la manifestación ocurrió pacíficamente; sin embargo, a partir de las 12 horas un grupo de choque de unas 400 personas, ajeno a la protesta, recurrió a la violencia y agredió a policías y asistentes.
El saldo fue de 28 policías heridos, entre ellos dos de gravedad. 31 civiles requirieron atención médica y 39 personas fueron detenidas, cuya situación jurídica será determinada por la Fiscalía del Estado.
La manifestación pacífica es un derecho que debe ser respetado. Lamentamos que la violencia ocasionada por este grupo de choque empañara una protesta civil legítima.
Seguiremos informando sobre los avances de las investigaciones.— Gobierno de Jalisco (@GobiernoJalisco) October 12, 2026
Hernández sostuvo que los agentes respondieron con un “uso escalonado de la fuerza” después de que, según su dicho, los manifestantes lanzaron cloro, cohetones y bombas con gas contra los policías. Reportó 28 agentes lesionados, tres de ellos trasladados para recibir atención médica y dos en estado grave. Uno sufrió fracturas en el cráneo, pómulo y nariz, mientras que otro perdió un dedo tras recibir el impacto de un tubo con filo.
El gobernador Pablo Lemus también atribuyó los enfrentamientos a la llegada de un grupo de aproximadamente 400 personas, pero reconoció que miles de ciudadanos participaron pacíficamente en la movilización para exigir agua limpia.
Lemus afirmó el lunes que la protesta transcurrió de manera pacífica durante más de dos horas, hasta que llegó el grupo que, según dijo, portaba piedras, tubos, martillos, petardos con clavos y otros objetos. Aseguró que sus integrantes agredieron a mujeres policías asignadas a la movilización y a la protección de una casa de descanso para adultos mayores ubicada junto a Casa Jalisco. “Eso ya no era una manifestación pacífica. Se convirtió en un enfrentamiento que duró alrededor de 3 horas”, declaró.
No obstante, ante los señalamientos sobre posibles excesos policiales, el gobernador informó que ordenó revisar la actuación de los agentes y las detenciones realizadas durante la protesta: “Desde anoche solicité a la Fiscalía del Estado revisar minuciosamente las detenciones caso por caso”.
“He ordenado que se revisen todos los videos para investigar la actuación de la policía y sancionar cualquier posible exceso en el uso de la fuerza”, agregó.
El mandatario informó además que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco abrió una investigación de oficio y que su gobierno colaboraría con la información solicitada por el organismo. También indicó que comunicó lo ocurrido a la presidenta Claudia Sheinbaum durante una reunión del Gabinete de Seguridad Nacional.
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La presidenta cuestionó el uso de la fuerza y pidió al gobierno de Jalisco explicar las razones de las detenciones y dar a conocer la identidad de las personas detenidas. La solicitud ocurrió después de que periodistas le presentaran una lista de personas cuyos familiares y conocidos denunciaron que no habían podido localizarlas tras la movilización.
“El gobernador de Jalisco tiene que informar sobre este tema porque fue una decisión que ellos tomaron”, sostuvo Sheinbaum.
“Muchas veces la fuerza pública debe contener, pero una cosa es contener y otra cosa es reprimir”, afirmó. La mandataria reiteró que su gobierno rechaza tanto la represión como las manifestaciones violentas: “La represión no lleva a nada”.
Amnistía denuncia posibles violaciones y pide no criminalizar la protesta
Por su parte, Amnistía Internacional exigió a las autoridades de Jalisco investigar con celeridad los hechos ocurridos durante la movilización del 11 de octubre y sancionar a los agentes estatales que resulten responsables de posibles actos de represión.
La organización señaló que, de acuerdo con la información que recabó, las fuerzas de seguridad habrían cometido diversas violaciones a derechos humanos, entre ellas uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas. También indicó que personas visitadoras de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco acudieron a las instalaciones de la Fiscalía estatal y acreditaron la detención de 39 personas.
Amnistía Internacional afirmó que familiares de personas detenidas promovieron un amparo ante el Juzgado Sexto de Distrito en materia Penal, con número de expediente 1401/2026. Según la organización, actuarios acudieron a las instalaciones de la Fiscalía, pero no obtuvieron información adicional sobre el estado o ubicación exacta de las personas, debido a que fueron distribuidas en distintas áreas de investigación.
La organización también señaló que entre las personas afectadas habría adultos mayores, menores de edad y periodistas. Asimismo, afirmó que en algunas detenciones habrían participado policías, antimotines y personas vestidas de civil, y que algunas de las personas detenidas no formaban parte de la protesta.
“La represión nunca debe ser una opción ante las personas que pacíficamente se reúnen a exigir sus derechos. Los actos represivos protagonizados por las fuerzas del estado han violentado el derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica de las personas que legítimamente reclaman el derecho de acceso a agua limpia”, declaró Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional sección mexicana.
Olivares Ferreto pidió también revisar los cargos impuestos a las personas detenidas y evitar la criminalización de la protesta. Recordó que, de acuerdo con el informe de la organización “México, tierra y ¿Libertad?”, algunos cargos han sido utilizados para castigar, intimidar o frenar la protesta pacífica en distintos estados.
Amnistía Internacional llamó además al Ejecutivo estatal y a las autoridades responsables del abastecimiento de agua a restablecer el diálogo con las personas afectadas y atender sus demandas.
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