El presidente del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) presentó su informe anual ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), encargada de los asuntos humanitarios y de derechos humanos. En la rendición del informe, el CED reafirmó su decisión de que se discuta con carácter urgente la situación de México en la Asamblea General de la ONU, apunta un comunicado firmado por organizaciones de la sociedad civil.
En el informe presentado este martes, el CED insistió sobre su decisión, de conformidad con el artículo 34 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, de que la situación de México sea abordada por la Asamblea General, dada la existencia de indicios bien fundados de que las desapariciones forzadas se han perpetrado y se siguen perpetrando en el país como crímenes de lesa humanidad.
La situación de México ya está en la agenda de la Asamblea General de la ONU. Ahora solo falta que se identifique el momento más oportuno y la mejor forma para discutirlo. Las organizaciones firmantes hacemos un llamado a los Estados parte de la Asamblea a que diseñen un mecanismo que permita una amplia participación de las víctimas de México y la región en el estudio de la grave situación del país. Asimismo, instamos al Estado Mexicano a que aborde la implementación de este procedimiento de manera constructiva.
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Igualmente, enfatizó la importancia de este procedimiento para movilizar el apoyo internacional en la adopción de medidas preventivas que permitan a México enfrentar la crisis de forma eficaz.
Según el análisis del Comité, estas violaciones graves a los derechos humanos ocurren de manera generalizada o sistemática mediante ataques contra la población civil.
Los actos son ejecutados tanto por agentes estatales como por organizaciones del crimen organizado que actúan de forma autónoma o con la complicidad y aquiescencia de servidores públicos.
Aunque el organismo multilateral aclaró que no se identificó una política deliberada a nivel federal para cometer estos delitos, advirtió que las instituciones responsables continúan sobrepasadas por la magnitud de la crisis.
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Registros oficiales citados en el proceso señalan que, a febrero de 2026, la cifra de personas desaparecidas y no localizadas supera los 130 mil casos.
Diversas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), IDHEAS y múltiples colectivos de familiares, expresaron su respaldo a la decisión del CED y urgieron a la Asamblea General a establecer un mecanismo que asegure la participación de las víctimas.
Las agrupaciones resaltaron que la asistencia técnica internacional es prioritaria para esclarecer los patrones de colusión entre servidores públicos y la delincuencia organizada, así como para incidir en la reforma de la Fiscalía General de la República.
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