Karina Cancino
La Secretaría de Infraestructura del gobierno de Nayarit clasificó por cinco años, la información relacionada con 19 obras públicas por temor a sabotaje, la seguridad de la infraestructura, y otros riesgos.
Resalta el candado para dos conjuntos de documentos relacionados con la segunda etapa de construcción del estadio Nicolás Álvarez Ortega, en Tepic, que se encuentra en procesos de solicitud de amparo por la destrucción de Ciudad de las Artes de Nayarit.
Toda la información relacionada con estas 19 obras permanecerá reservada hasta julio de 2031.
Es decir, cuatro años después de que Miguel Ángel Navarro (Morena) deje el cargo como gobernador y promotor del estadio ofrecido en comodato a la iniciativa privada.
De acuerdo con los registros de clasificación fechados en julio de 2026, una de las reservas corresponde a información del Departamento de Concursos y Precios Unitarios sobre la segunda etapa del estadio y su vigencia comprende del 1 de julio de 2026 al 1 de julio de 2031.
La dependencia argumentó que divulgar esos documentos podría afectar las actividades de supervisión, verificación, inspección y auditoría de la obra, así como la estrategia institucional para ejecutarla.
Para justificar la reserva invocó las fracciones II y VI del artículo 98 de la legislación estatal de transparencia.
El segundo registro corresponde a información del Departamento de Supervisión de Obras, relacionada con el expediente DGCM-LP-PI-2026-043.
Esta reserva fue establecida del 16 de julio de 2026 al 16 de julio de 2031 y se fundamentó en las fracciones II, V y VI del mismo artículo; la clasificación abarca información de dos áreas involucradas en la segunda etapa del proyecto, aunque los registros no detallan por sí mismos todos los documentos específicos que quedaron bajo reserva.
La reserva se dio en medio de procesos de solicitudes de amparo interpuestos por abogados que representan a ciudadanos inconformes con la construcción cuestionaron la documentación presentada por el Gobierno estatal para acreditar la legalidad de las obras.
En enero de 2026, José Manuel Hermosillo, del despacho Artículo 27, y Luis Daniel Juárez García señalaron que la licencia de construcción presentada por el gobierno carecía, según su revisión, de elementos como marca de agua, vigencia, identificación de firmantes, nombre del responsable y clave catastral.
Los abogados también señalaron que el Ayuntamiento de Tepic negó haber presentado o emitido permisos para la construcción del estadio, en respuesta a los señalamientos formulados dentro de los procedimientos judiciales.
La controversia se relaciona con una suspensión definitiva que condicionaba la continuación de determinadas obras a que el Gobierno estatal contara con las licencias correspondientes.
Los promoventes sostuvieron que los trabajos continuaron pese a esa medida y presentaron un incidente por su presunto incumplimiento.
Además, en noviembre de 2025, la entonces jueza federal Gabriela Hernández Anaya resolvió que el gobierno había presentado una licencia, pero sostuvo que no correspondía analizar su autenticidad dentro de ese incidente.
Ante ello, los promoventes impugnaron esa determinación mediante el recurso de queja 522/2025, radicado ante un Tribunal Colegiado.
Además, en enero de 2026, los abogados denunciaron que la jueza sobreseyó el amparo indirecto 818/2025 al considerar que las personas promoventes no acreditaron interés legítimo debido a la distancia entre sus domicilios y el lugar de la obra.
Los representantes ciudadanos anunciaron entonces que recurrirían esa resolución.
Colectivo exige continuidad en los juicios
A estos antecedentes se suma la preocupación del Colectivo de Defensa de Ciudad de las Artes por el cambio de adscripción de Gabriela Hernández Anaya y la llegada de Fredy Francisco Aguilar Pérez al Juzgado Tercero de Distrito en Nayarit.
Mientras tanto, en un pronunciamiento reciente, la organización advirtió que la salida de la jueza no debe dejar sin seguimiento los procedimientos relacionados con el complejo cultural y pidió al nuevo titular revisar los antecedentes y dar continuidad a los juicios de amparo y recursos pendientes.
“Cambiarla de juzgado no borra su responsabilidad ni resuelve las preguntas pendientes”, señaló el colectivo, que también pidió esclarecer las actuaciones judiciales relacionadas con la defensa del espacio público.
La organización expresó su preocupación por que los cambios derivados de la transformación del Poder Judicial federal afecten la continuidad de los asuntos que ya estaban en trámite.
Por ello, llamó al nuevo juez a garantizar una defensa judicial efectiva frente a la continuación de las obras, que el colectivo sostiene que se realizan sin las licencias y permisos legalmente otorgados.
“La salida de una jueza no puede significar el abandono de una causa; la llegada de un nuevo juez debe representar una oportunidad para que la justicia retome su responsabilidad”, expresó.
El colectivo sostiene que la construcción del estadio no elimina las obligaciones jurídicas que existían antes de iniciar los trabajos y reclama que se mantengan abiertos los mecanismos judiciales para revisar las actuaciones de las autoridades.
Reservan expedientes de 19 obras hasta 2031
Además de los documentos específicos del estadio, el Comité de Transparencia de la Secretaría de Infraestructura aprobó el 20 de julio de 2026 reservar por cinco años los expedientes de 19 obras públicas en Nayarit, entre ellas proyectos educativos, deportivos, mercados, la construcción del Memorial para personas desaparecidas y espacios públicos.
Para justificar la clasificación, la dependencia argumentó que divulgar la información podría “comprometer la seguridad pública o la integridad de la infraestructura”, “afectar procesos administrativos, técnicos, de contratación o de fiscalización en curso” y “generar ventajas indebidas a terceros”.
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