El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, reconoció este martes las “graves deficiencias” y los “errores” en el operativo policial ejecutado durante la protesta ciudadana del domingo pasado contra el agua contaminada, que dejó al menos 39 detenidos y decenas de heridos en el área conurbada de Guadalajara.
“Se cometieron graves errores que deben ser investigados y sancionados. Debo reconocer que fue un operativo con graves deficiencias”, dijo el gobernante en un video en sus redes sociales.
Lemus aseguró que “hubo excesivo uso de la fuerza y detenciones injustas” por parte de los policías que recibieron con gas lacrimógeno y cañones de agua a cerca de 10 mil manifestantes de todas las edades en la Casa Jalisco, la residencia oficial del gobernador, cuyo interior fue protegido con vallas para disminuir el acceso.
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“A las personas nunca se les debió echar agua ni gas, ninguna persona debió quedar expuesta a la violencia”.
Este lunes, el mandatario estatal defendió la actuación de los elementos de la policía antimotines que respondieron a “un grupo de choque” de 400 personas que provocaron la violencia.
El anuncio se dio luego de que este martes la ciudadanía y estudiantes salieron de nuevo a las calles en diversos puntos de Guadalajara, la segunda ciudad más importante del país, para defender su derecho a la libre manifestación y por la liberación de quienes fueron detenidos durante la protesta dominical.
Sobre el caso, Lemus explicó que ya han identificado a los policías que actuaron con violencia, quienes, aseveró, serán sometidos a una investigación interna.
Organizaciones de defensa de derechos humanos, ciudadanía y familiares de personas detenidas habían señalado desde el domingo la violencia policial y graves irregularidades en la detención y el proceso judicial de 39 personas capturadas, de las cuales 32 fueron liberadas el lunes.
La Fiscalía de Jalisco envió este martes al penal de máxima seguridad de Puente Grande a siete de los detenidos acusados de lesiones dolosas contra personas que desarrollan funciones de seguridad pública y por desobediencia o resistencia de particulares.
El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), que participa en la defensa de los siete detenidos, advirtió que, pese a que Lemus solicitó su liberación, las carpetas de investigación en su contra siguen abiertas.
“Las personas hoy están en libertad, pero siguen los procesos penales abiertos y la criminalización continúa”, apuntó el organismo en un comunicado.
Desde marzo pasado, al menos 320 colonias del área metropolitana de Guadalajara reciben agua contaminada y con olor a cloaca, que contiene metales pesados y heces fecales y no ha sido clorada, según denunciaron organizaciones de derechos humanos tras analizar muestras. EFE
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