La Fiscalía General de la República (FGR) todavía no determina si los 59 millones de litros de combustible asegurados en San José Iturbide, Guanajuato, son de procedencia ilícita, mientras tampoco está formalmente aclarada la situación de Juan Francisco Vera Ayala, delegado de la dependencia en el estado.
Este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que consultó directamente a la fiscal general, Ernestina Godoy, quien le dijo que la FGR continúa revisando los permisos relacionados con la empresa donde fue localizado el combustible.
“Pregunté a la fiscal y me dijo que siguen revisando los permisos y que ellos van a informar en su momento”, dijo Sheinbaum durante su conferencia matutina.
La presidenta también fue cuestionada sobre si ya podía descartarse que el combustible fuera huachicol y respondió que está abierta la investigación.
“Todavía no podemos descartar que no sea huachicol”, y agregó que será necesario esperar a que la Fiscalía concluya la revisión de todos los permisos.
La empresa operadora de la terminal se inconformó con el aseguramiento y defendió que el inmueble cuenta con permisos para sus operaciones y que el combustible almacenado pertenece a sus clientes.
El aseguramiento ocurrió el 17 de septiembre, de acuerdo con autoridades federales y estatales, fueron localizados aproximadamente 59 millones de litros de hidrocarburo, además de 10 tanques de almacenamiento, tres unidades de carga, contenedores y documentación relacionada con la investigación.
La FGR informó que la investigación comenzó el 3 de julio, después de la detención de una persona que presuntamente descargaba diésel de una pipa en una gasolinera de San Luis de la Paz y que no pudo acreditar la trazabilidad del combustible.
A partir de esa investigación, dijo, se realizaron otras diligencias hasta llegar a un inmueble de San José Iturbide, donde fueron encontrados los 59 millones de litros.
La situación también mantiene sin definición pública el estatus de Juan Francisco Vera Ayala como delegado de la FGR en Guanajuato, ya que reportes periodísticos señalan que Vera Ayala fue separado de su cargo luego de una posible irregularidad relacionada con el cateo.
Sin embargo, La Jornada publicó que fuentes de la FGR confirmaron el cese del funcionario después del operativo y señalaron que Norma Quevedo Vázquez sería su sustituta.
Hasta el momento, la Fiscalía General de la República (FGR) no ha confirmado la situación ni ha dado detalles sobre la separación de su funcionario en Guanajuato.
La presidenta Sheinbaum tampoco confirmó la salida del delegado durante su conferencia, ya que, ante la pregunta sobre el delegado centró su respuesta en la revisión que realiza la Fiscalía sobre los permisos.
La inconformidad de la empresa
El aseguramiento del 17 de septiembre dejó un decomiso de 33.5 millones de litros de gasolina regular, 7.2 millones de litros de gasolina Premium y 18.2 millones de litros de diésel, además de tanques de almacenamiento, unidades de carga, contenedores y documentación.
La investigación fue atraída por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), que revisa la procedencia del producto, su propiedad y la trazabilidad fiscal y financiera.
Sin embargo, el aseguramiento generó inconformidad por parte de la empresa operadora de la terminal, Gas Natural del Noroeste, del Grupo SIMSA, que sostiene que cuenta con permisos para realizar sus actividades y que el combustible almacenado no necesariamente es de su propiedad, sino de clientes que utilizan sus instalaciones.
La empresa también ha señalado que entregó documentación a las autoridades para acreditar la legalidad del producto.
Por ello, uno de los puntos que deberá esclarecer la investigación es si los documentos presentados permiten acreditar el origen y la posesión legal de los 59 millones de litros, así como si existe correspondencia entre los volúmenes registrados y el producto localizado durante la diligencia.
Las dudas del aseguramiento
De acuerdo con el periodista Arnoldo Cuéllar, codirector de POPLab, el caso se remonta a julio, cuando autoridades detectaron un vehículo que transportaba combustible cuya trazabilidad no pudo ser acreditada.
Cuéllar señaló en enlace para Aristegui en Vivo que luego de eso, se llevó a cabo el cateo en la terminal de combustible de San José Iturbide el 4 de septiembre, pero el aseguramiento fue dado a conocer públicamente hasta el día 17.
También cuestionó la secuencia de hechos, pues, de acuerdo con la información que expuso, la terminal habría reanudado operaciones el 10 de septiembre.
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Cuéllar planteó que es necesario conocer cómo se determinó que el combustible localizado estaba relacionado con una posible actividad ilícita y cuál fue el origen de la investigación que llevó a la terminal.
En otro momento, también en Aristegui en Vivo, Gonzalo Monroy, director general del Grupo Mexicano de Energía y Construcción (GMEC), señaló que el caso presenta “desafortunadas omisiones” y “muchas confusiones”, principalmente en materia de trazabilidad.
El especialista explicó que para determinar la procedencia legal del combustible las autoridades deben comparar los volúmenes importados, transportados y almacenados, además de revisar los pagos realizados en aduanas y considerar las mermas que pueden registrarse durante el traslado y almacenamiento.
Monroy sostuvo que la terminal opera desde 2017, cuenta con permisos y constituye un punto relevante para el suministro de combustibles en el Bajío.
A partir de esos elementos, planteó dos posibles explicaciones, aunque las presentó como escenarios y no como conclusiones sobre el caso.
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En el caso más generoso es un error de algún funcionario, en el peor de los casos es un montaje.
También consideró necesario revisar otros puntos de la cadena de suministro de combustibles, incluidos puertos, aduanas y puntos de revisión, ante la persistencia del contrabando de hidrocarburos.
Asimismo, Miriam Grunstein, socia fundadora de Brilliant Energy Consulting, señaló que la investigación de la FGR debe determinar si la empresa puede acreditar legalmente la propiedad o posesión del combustible.
Para ello, explicó, no bastaría con revisar los permisos generales de la terminal y debería hacerlo con los documentos de importación, pedimentos, cartas porte, autorizaciones de transporte y comercialización, controles volumétricos y pruebas de calidad del producto.
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También consideró necesario revisar contratos, usuarios de la terminal, permisos vigentes, registros de entradas y salidas e inventarios de productos petrolíferos.
Además, la autoridad tendría que comprobar que las características y calidad del combustible correspondan con lo permitido para su almacenamiento y manejo en esas instalaciones.
Grunstein estimó que los 59 millones de litros representan un volumen equivalente, aproximadamente, a 200 carros del Metro o mil 778 autotanques.
Sin embargo, subrayó que la magnitud del volumen no determina por sí misma la existencia de un delito, por lo que la conclusión dependerá de la revisión regulatoria, técnica y comercial que realicen las autoridades.
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