A 20 años del inicio de la guerra contra las drogas, México enfrenta más violencia, desapariciones y militarización, sin que el Estado haya fortalecido la justicia ni atendido las causas de la inseguridad, advirtieron los analistas Jacobo Dayán y Lisa Sánchez en la mesa de análisis de Aristegui en Vivo.
En la mesa de análisis, Dayán sostuvo que la violencia no comenzó en diciembre de 2006, pues desde años anteriores había regiones del norte del país con altos niveles de violencia y desapariciones.
El problema, explicó, fue la respuesta del Estado ante ese escenario que en lugar de fortalecer las instituciones de justicia y ampliar su presencia social, optó por recurrir a su componente más violento.
Lo que hemos hecho en 20 años es tratar de combatir la violencia con la parte más violenta del Estado, no con la fuerza del Estado.
Se refirió a la ausencia de políticas integrales de verdad, justicia, salud, educación, empleo y oportunidades, así como al debilitamiento de las policías y a la penetración de grupos criminales en estructuras locales de poder.
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Dayán señaló que durante el gobierno de Felipe Calderón se profundizó la militarización de la seguridad pública y se incorporaron figuras como el arraigo, que posteriormente derivó en la prisión preventiva oficiosa.
También cuestionó que las policías fueran desatendidas y que muchas terminaran cooptadas por organizaciones criminales; con Enrique Peña Nieto, agregó, el modelo continuó y se intentó darle sustento legal mediante la Ley de Seguridad Interior.
En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pese al discurso de “abrazos, no balazos”, la participación militar no se revirtió; según Dayán, la estrategia de Claudia Sheinbaum tampoco representa un cambio sustancial y la consideró “prima hermana” de la de Calderón y cuestionó la continuidad de operadores de seguridad, entre ellos Omar García Harfuch, a quien vinculó con el periodo de aquella administración.
Por su parte, Lisa Sánchez, recordó que la declaración formal de la guerra contra el narcotráfico ocurrió el 11 de diciembre de 2006 y que el despliegue militar iniciado entonces se extendió progresivamente a distintas entidades.
Advirtió que nunca contó con controles suficientes sobre su duración, objetivos, indicadores o evaluaciones para determinar si estaba cumpliendo su propósito.
La especialista sostuvo que la militarización no solo se mantuvo, sino que se normalizó y adquirió respaldo constitucional.
Como ejemplo, señaló que nueve de cada diez integrantes de la Guardia Nacional pertenecen a las Fuerzas Armadas.
Dayán, a su vez, planteó que el fenómeno ya no se limita a las tareas de seguridad, sino que alcanza distintas áreas de la administración y de la vida pública, con una arquitectura institucional que, dijo, se aproxima a una “república cívico-militar”.
El saldo de estas dos décadas, expuso Dayán, no se limita a los homicidios y las desapariciones; también incluye tortura, desplazamiento forzado, trata de personas con fines de explotación sexual, reclutamiento forzado, trabajo forzado, despojo de territorios, secuestro, extorsión y cobro de piso.
Sobre el desplazamiento, mencionó una medición reciente que estima que una de cada 100 familias tiene al menos una persona desplazada por la violencia.
El especialista cuestionó que, después de 20 años, se mantenga una estrategia centrada en el uso de la fuerza sin atender las causas y las consecuencias de la violencia.
Recordó que Calderón advirtió al inicio de su administración que la guerra sería larga y que no duraría menos de una década; sin embargo, dos décadas después, consideró que el país se encuentra en una situación peor.
Ante este balance, el colectivo Seguridad sin Guerra convocó a una jornada de reflexión y memoria el próximo 11 de diciembre, a las 17:00 horas, en la Estela de Luz, en Ciudad de México.
La convocatoria incluye a colectivos de víctimas, familias de personas desaparecidas y organizaciones civiles, e invita a llevar una flor blanca; el encuentro también marcará diez años de trabajo del colectivo, surgido en 2015 durante la discusión de la Ley de Seguridad Interior.


