La Segunda Megamarcha por el Agua Limpia en Guadalajara se detuvo pocos minutos después de iniciar este domingo, luego de que un grupo de personas con martillos y palos detonara un explosivo que generó ruido y miedo entre los participantes, de acuerdo con el reporte de la periodista Priscila Hernández para Aristegui Noticias.
Posteriormente, la marcha comenzó a retroceder ante la presencia de lo que fue identificado como un presunto grupo de choque. En un mensaje difundido durante la movilización se pidió a las personas detenerse.
De acuerdo con el reporte de Hernández, en todo el tramo de la marcha por Avenida Juárez no hay ni policía vial, ni elementos de seguridad del municipio de Guadalajara.
La movilización fue convocada para las 11:00 horas en el Parque Revolución, conocido como Parque Rojo, en la colonia Americana, con destino al Palacio de Gobierno de Jalisco, en el Centro Histórico de Guadalajara. Los participantes exigen nuevamente el suministro de agua limpia y justicia por la actuación policial registrada durante la manifestación del pasado 11 de octubre.
De acuerdo con reportes de medios nacionales, el contingente salió del Parque Rojo y avanzó unos metros sobre la avenida Juárez antes de detenerse ante lo ocurrido con el presunto grupo de choque.
Durante la concentración también se reportó la presencia de un grupo de personas encapuchadas que intentó incorporarse a la marcha, pero otros manifestantes rechazaron su participación.
La movilización fue anunciada por sus organizadores como una protesta pacífica. Como parte de las medidas preventivas, jóvenes participantes organizaron brigadas de primeros auxilios y grupos equipados con silbatos para alertar sobre posibles abusos de las autoridades o solicitar asistencia ante situaciones de riesgo.
El Palacio de Gobierno de Jalisco y el Congreso del Estado amanecieron protegidos con vallas metálicas ante la movilización.
La movilización ocurre una semana después de la protesta del 11 de octubre, a la que acudieron alrededor de 10 mil habitantes del área metropolitana de Guadalajara para manifestarse por la calidad del agua que reciben en sus domicilios.
Durante aquella jornada se desplegaron policías antimotines, quienes utilizaron gases lacrimógenos y chorros de agua, además de recurrir a la fuerza física. Las autoridades reportaron entonces la detención de 39 personas.
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, defendió inicialmente la actuación de los policías y afirmó que habían respondido a un “grupo de choque” de unas 400 personas que habría provocado “un enfrentamiento”. Posteriormente reconoció “graves deficiencias” y “errores” en el operativo y señaló que “hubo uso excesivo de la fuerza” y “detenciones injustas”, por lo que anunció una investigación.
El pasado 15 de octubre, el secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández, informó que 17 policías estatales eran investigados por presunto “uso excesivo de la fuerza”. Ese mismo día, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) había abierto una investigación por los abusos policiales registrados durante la movilización y que la Secretaría de Gobernación participaba en ella.
La CNDH exhortó este domingo a las autoridades de Jalisco y del municipio de Guadalajara a respetar y proteger los derechos de expresión y manifestación durante la segunda marcha y a evitar actuaciones de fuerza innecesaria como las observadas el 11 de octubre.
El organismo informó que el equipo que permanece en Guadalajara desde el 13 de octubre continuará con las diligencias relacionadas con los hechos de aquella protesta y estará atento a que no se repitan.
La CNDH también manifestó preocupación por los procesos penales iniciados contra cuatro personas detenidas durante la movilización anterior y señaló que existen indicios de “inconsistencias y contradicciones en las acusaciones que se les hacen”, además de posibles irregularidades en su puesta a disposición y en el acceso a una defensa jurídica adecuada.
Según la Comisión, su personal entrevistó a casi la totalidad de las personas detenidas y retenidas y realizó certificaciones médicas que permitieron documentar lesiones y “graves afectaciones físicas y también psicológicas” que atribuyó al trato recibido por policías estatales y antimotines.
El equipo de la CNDH, que permanece desde el día 13 en Guadalajara, continuará sus diligencias y estará atento de que en la megamarcha ciudadana contra la mala calidad del agua no se repitan hechos como los acontecidos el pasado día 11.
#DefendemosAlPueblo https://t.co/PsItp6oBqi
— CNDH en México (@CNDH) October 18, 2026
Ante ello, consideró indispensable aplicar el Protocolo de Estambul para aportar elementos que permitan esclarecer lo ocurrido durante el periodo en que permanecieron retenidas.
La CNDH también entrevistó a periodistas que aportaron testimonios e imágenes sobre las detenciones y destacó el caso de un estudiante de Derecho que sufrió una fractura en las cervicales y requiere atención especializada urgente por el riesgo para su vida y la funcionalidad de su cuerpo.
El organismo señaló que muchas de las personas detenidas y violentadas pertenecen a la comunidad LGBTTTIQ+ o son defensoras de derechos humanos, mientras que en la mayoría de los casos todavía se desconocen el contenido y los motivos de las carpetas de investigación.
De acuerdo con los testimonios recabados por el organismo, Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador Pablo Lemus, “habría funcionado como un espacio de operación dentro del despliegue de seguridad implementado durante la jornada”.
Debido a las irregularidades observadas y a que todavía no ha recibido el expediente de la CEDHJ, la CNDH abrió una investigación propia bajo el expediente CNDH/5/2026/8529/Q.
Foto: Archivo Cuartoscuro
En cuanto a las cuatro personas detenidas durante la protesta del 11 de octubre —Samuel Morales Navarro, Alexis Daniel Guzmán Ríos, Juan Darío Muñoz Nava y Teodoro Jesús Torres Valdez—, un juez las vinculó a proceso el pasado viernes por los delitos de lesiones y delitos cometidos contra representantes de la autoridad.
Los cuatro enfrentarán el proceso en libertad, con medidas cautelares que incluyen acudir periódicamente a firmar ante los juzgados, según informó el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad).
La organización, que participa en su defensa, sostuvo que la resolución judicial “respaldó la criminalización de la protesta social” y reclamó que fueran liberados de todos los cargos. Sus abogados señalaron que la decisión judicial “omitió las pruebas” presentadas durante la audiencia.
About the Author
