El exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, negó ante un juez de control haber ordenado, coordinado o participado en el operativo de abril en El Pinal, en la Sierra Tarahumara, donde estuvieron presentes cuatro agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), y sostuvo que la investigación presentada por la Fiscalía General del Estado (FGE) no contiene una prueba directa que lo vincule con esos hechos.
Así lo dijo en la audiencia estatal del pasado 18 de octubre, de acuerdo con un audio difundido en un canal de YouTube y una página de Facebook en apoyo a la libertad del exfiscal, quien enfrenta acusaciones estatales y federales por el operativo y se encuentra actualmente recluido en el penal del Altiplano en espera de su audiencia federal.
Durante la audiencia inicial celebrada el pasado domingo, en la que el juez estatal determinó que enfrentara en libertad el procedimiento penal de Chihuahua, Jáuregui afirmó que, pese a que la Fiscalía estatal presentó los testimonios de más de 45 funcionarios, ninguno señaló que hubiera dado una instrucción, participado en una reunión o tomado una decisión relacionada con la intervención de agentes extranjeros.
“Ni una sola referencia específica a mi intervención, ni una orden, ni un WhatsApp. Nada que estableciese un nexo lógico causal que pudiese dejar clara mi intervención y mi determinación”, sostuvo el exfiscal ante el juez.
Jáuregui cuestionó así la acusación estatal de que hubiera existido un acuerdo previo para permitir la participación de funcionarios extranjeros en el operativo, y señaló que las pruebas expuestas durante la audiencia consistieron principalmente en testimonios, registros técnicos y dos videos en los que aparece reunido con funcionarios de la Fiscalía.
Explicó que durante la audiencia escuchó los testimonios de más de 40 funcionarios de la Fiscalía General del Estado, además de otros servidores públicos, así como elementos relacionados con comunicaciones telefónicas y ubicaciones mediante GPS.
Sin embargo, sostuvo que ninguno de esos elementos acredita una intervención directa de su parte. “No hay un comportamiento telefónico, no hay una declaración de un funcionario en donde yo haya dado una instrucción, en donde yo haya participado en alguna reunión, en donde yo hubiese tomado alguna decisión relacionada con la intervención”, afirmó.
El exfiscal señaló que la propia investigación de la Fiscalía estatal muestra que no tenía la influencia que se le atribuye sobre la estructura de la institución. También defendió la independencia de los funcionarios que permanecieron en la FGE después de su salida. De la actual vicefiscal de Chihuahua, Wendy Chávez, dijo no tener “absolutamente ninguna duda sobre su honestidad y sobre su independencia de criterio”.
Jáuregui renunció a la Fiscalía General del Estado el 27 de abril, después de reconocer fallas institucionales de información y supervisión relacionadas con la colaboración con agentes estadounidenses. En su intervención ante el juez, sostuvo que su salida del cargo no tuvo como propósito evadir responsabilidades, sino evitar que su permanencia pudiera afectar las investigaciones sobre lo ocurrido.
“Mi renuncia se hacía necesaria para que no pudiese caber la posibilidad, con mi presencia como fiscal general, que pudiese afectar las investigaciones que realizaría la propia fiscalía”, declaró.
“Me he preguntado si no se estarán carcajeando”
En un momento de su intervención, Jáuregui cuestionó la reacción que podría tener el proceso iniciado en su contra para quienes fueron afectados por los operativos de las autoridades.
“Muchas veces me he preguntado también si no se estarán carcajeando los narcotraficantes que sufrieron el daño de haber afectado sus intereses en El Pinal”, dijo.
Y agregó: “Deben estar cuando menos contentos de ver lo que está ocurriendo con la actuación de las autoridades. Quizás su venganza y lo que hubieran querido hacer en contra de muchos funcionarios por una cuestión de observancia de la ley lo esté haciendo la propia autoridad”.
El exfiscal se refirió al papel del director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Román Oseguera Cervantes, quien murió en un accidente automovilístico tras el despliegue en la Sierra Tarahumara, mismo en el que fallecieron dos de los cuatro agentes de la CIA que estuvieron presentes, además de otro servidor público estatal.
“¿Qué hubiese pasado si el comandante Oseguera, que murió en el cumplimiento de su deber al estar realizando una operación y sufrió un accidente derivado de su intervención en la desarticulación de uno de los narcolaboratorios más grandes del país. ¿Qué hubiera pasado si el comandante Oseguera hubiese sobrevivido al accidente? ¿Lo hubiéramos sacado del hospital para meterlo a la cárcel?”, cuestionó.
“Un tufo desagradable a política”
Jáuregui sostuvo que existe “un tufo desagradable a política” en las acusaciones que enfrenta. Señaló que Chihuahua ha vivido en otros momentos procesos en los que la prisión preventiva fue utilizada en delitos de carácter político y cuestionó que ese tipo de procedimientos puedan terminar convertidos en mecanismos de “venganzas políticas”.
Al mismo tiempo, reconoció que el procedimiento penal debía analizarse desde una perspectiva jurídica y dijo que reservaría otros planteamientos políticos que consideró no correspondían a la audiencia.
Jáuregui también respondió al señalamiento de la Fiscalía estatal sobre un supuesto riesgo de fuga derivado de sus relaciones en el extranjero.
La Fiscalía había solicitado prisión preventiva al considerar que sus vínculos internacionales podían representar un riesgo de que abandonara el país. El juez rechazó esa medida y le impuso, entre otras obligaciones, presentarse una vez al mes ante la autoridad judicial, no salir de Chihuahua ni del país sin autorización, entregar o dejar bajo resguardo su pasaporte mexicano y su visa estadounidense, y abstenerse de acercarse o comunicarse con testigos de la investigación.
Ante el juez, Jáuregui rechazó que sus supuestas conexiones extranjeras pudieran servirle para evadir la justicia y planteó que una acusación de ese tipo implicaría asumir que un gobierno extranjero intervendría ilegalmente para favorecerlo.
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“Pretender que yo tengo conexiones extranjeras que me pueden permitir evadirme de la acción de la justicia, sería suponer que el gobierno de los Estados Unidos participaría en acciones ilegales para favorecer a personas que tienen algún proceso legal pendiente en México”, dijo.
Afirmó que no existe ningún elemento que permita suponer que pretende evadir el proceso y aseguró que ha atendido los citatorios que le han formulado tanto autoridades federales como estatales.
“No hay por eso, señoría, ningún elemento que pueda hacer suponer que yo tengo la más mínima intención de evadir la justicia”, sostuvo.
También señaló que su arraigo en Chihuahua no se limita a su trayectoria profesional. Recordó que fue secretario del Ayuntamiento, secretario general de Gobierno y fiscal general del estado durante casi cuatro años, además de que su familia vive en la entidad.
Añadió que su intención de contender por un cargo de elección popular constituye otro elemento de arraigo, al tiempo que aseguró que no ha utilizado sus circunstancias personales o políticas para evitar responsabilidades jurídicas.
Afirmó que nunca ha sido sentenciado por un delito y que tampoco ha rehuido responsabilidades jurídicas cuando ha tenido que responder ante las autoridades. “Jamás he evadido un proceso. Ya no solo penal, de la índole que sea y que implique para un servidor algún tipo de responsabilidad jurídica civil, penal, familiar que tenga que enfrentar”, declaró.
Dos procesos por el operativo de El Pinal
Tanto el procedimiento estatal como el federal están relacionado con la participación de cuatro agentes de la CIA en un operativo antidrogas realizado en abril en la Sierra Tarahumara, después del cual murieron dos funcionarios mexicanos y dos estadounidenses en un accidente automovilístico.
En Chihuahua, la Fiscalía estatal acusa a Jáuregui de los delitos de ejercicio indebido del servicio público y coalición de servidores públicos. La audiencia para determinar si será vinculado o no a proceso quedó programada para el jueves 22 de octubre a las 10:00 horas.
Sin embargo, Jáuregui no quedó en libertad. Minutos después de concluir la audiencia estatal, agentes federales le cumplimentaron una orden de aprehensión relacionada con una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por el presunto delito de traición a la patria en materia de seguridad nacional.
Jáuregui fue trasladado al Estado de México para comparecer ante un juez de control del penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez.
La FGR sostiene que Jáuregui “habría ordenado y coordinado” el operativo de abril en el municipio de Morelos y que habría permitido la intervención de personas extranjeras en territorio mexicano, en acciones que corresponden exclusivamente a las fuerzas federales.
La titular de la FGR, Ernestina Godoy, señaló que la investigación incluyó más de 100 actos de investigación y afirmó que la participación de dos agentes de la CIA en el operativo de El Pinal no estaba justificada y que Jáuregui no contaba con autorización para permitirla. La Fiscalía también sostuvo que los agentes estadounidenses habían acudido en varias ocasiones a instalaciones de la Agencia Estatal de Investigación sin causa justificada.
En la audiencia del domingo, Jáuregui pidió al juez estatal analizar el caso desde la perspectiva de un procedimiento penal y no a partir de consideraciones políticas.
“Espero estar frente a autoridades que entienden la importancia de la preservación de los derechos y las garantías individuales del ciudadano frente a los embates del poder”, afirmó en la parte final de su intervención.
“Sea cual sea la decisión que tome este tribunal, la respetaré, acataré y no tenga usted absolutamente ninguna duda que la respetaré”, concluyó.
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