El Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) informó que inició 16 expedientes de investigación durante 2025 y 2026 relacionados con presuntas irregularidades en la institución, de los cuales 11 corresponden a contrataciones públicas, en las que se investiga a por lo menos 15 personas servidoras y exservidoras públicas, ocho personas físicas y 18 personas morales.
Además, a partir de seis ejercicios de auditoría y ocho revisiones de control, el OIC inició otras 25 investigaciones en materia de contrataciones.
De acuerdo con un documento enviado el lunes a la Cámara de Diputados, cuyo contenido fue difundido por medios nacionales, las indagatorias abarcan presuntas irregularidades como simulación en el cumplimiento de requisitos de contratación, abuso de funciones, posible desvío o aplicación irregular de recursos públicos, deficiencias en la planeación, administración, supervisión, recepción y pago de bienes y servicios, así como posibles conflictos de interés y faltas administrativas de particulares vinculados con contrataciones públicas.
El informe también refiere posibles actos de colusión, participación ilícita en procedimientos administrativos, presentación de documentación e información falsa o alterada, ejercicio de recursos sin la debida comprobación y contratación de empresas que no acreditarían capacidad técnica, económica u operativa para prestar los servicios convenidos. También se mencionan posibles incumplimientos de obligaciones contractuales, fiscales y de seguridad social.
Entre los casos revisados, el órgano reportó que en tres de cuatro expedientes examinados se identificaron elementos relacionados con el ocultamiento de conflictos de interés, mientras que el cuarto permanecía en etapa de investigación.
La presentación de este informe ocurrió el mismo día en que Guadalupe Taddei presentó a la Cámara de Diputados su renuncia formal a la presidencia del INE, en medio de señalamientos sobre presuntas irregularidades relacionadas con contrataciones y posibles vínculos entre funcionarios del organismo y proveedores.
Auditoría a contrataciones
El pasado 9 de octubre, el OIC a cargo de Víctor Hugo Carvente notificó al INE 45 cédulas de observaciones preliminares derivadas de la auditoría A07-ADQ-2026, denominada “Procesos de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios”.
La revisión fiscalizó procedimientos de contratación realizados entre el 1 de diciembre de 2024 y el 31 de mayo de 2026 e involucró, entre otras áreas, a la Coordinación Nacional de Comunicación Social, la Coordinación de Asuntos Internacionales, la Dirección Ejecutiva de Administración, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, la Unidad Técnica de Fiscalización y la Unidad Técnica de Igualdad Sustantiva y No Discriminación.
El OIC reportó que los hallazgos de las auditorías incluyen documentación presuntamente falsa o alterada, posibles conflictos de interés, recursos ejercidos sin comprobación suficiente, posibles actos de colusión y deficiencias en la supervisión de contratos que podrían ocasionar daños a la hacienda pública.
El informe también señala que existen diferencias entre los precios y criterios utilizados por el INE y los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), lo que, de acuerdo con el OIC, dificulta comparar costos y puede generar variaciones de precios que no siempre cuentan con justificación técnica suficiente.
Ante ello, el OIC propuso a la Cámara de Diputados impulsar una política nacional para regular las contrataciones electorales, con especificaciones técnicas homologables, estudios nacionales de mercado, bases de datos históricas, precios de referencia y un catálogo nacional de bienes.
También planteó una estrategia nacional de fiscalización electoral que coordine al OIC del INE con los órganos de control de los OPLE, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y las entidades de fiscalización superior de los estados.
Sanciones y caso Bell-Krom
El OIC reportó además 20 sanciones emitidas desde enero de 2025 hasta la fecha del informe: 19 inhabilitaciones, de las cuales 14 correspondieron a funcionarios y exfuncionarios públicos y cinco a particulares, así como una suspensión del empleo, cargo o comisión por 30 días.
Las sanciones económicas sumaron 1.6 millones de pesos. Detalló que las faltas administrativas graves son turnadas al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), de acuerdo con el ámbito de competencia correspondiente.
Entre los procedimientos contra proveedores figura el caso de Bell-Krom, S.A. de C.V., empresa contratada para adquirir y distribuir 25 mil 302 chamarras destinadas a personas supervisoras electorales y capacitadoras-asistentes electorales que participaron en el Proceso Electoral Federal 2023-2024.
El OIC informó que la empresa fue inhabilitada el pasado 2 de octubre debido al incumplimiento en la entrega de los bienes contratados.
Según el informe, el OIC no tiene atribuciones para revisar, validar o autorizar previamente las contrataciones, pero sí puede investigar la veracidad de las declaraciones presentadas por las personas servidoras públicas y abrir expedientes cuando detecte indicios de discrepancias u omisiones.
El titular del OIC, Víctor Hugo Carvente Contreras, explicó el pasado 9 de septiembre durante una comparecencia en la Cámara de Diputados que ante posibles inconsistencias se inicia una investigación para determinar si existen elementos que configuren una falta administrativa.
Carvente informó entonces sobre hallazgos relacionados con depósitos bancarios recibidos de personas o entidades que habían contratado servicios con el INE y servidores públicos que presuntamente no declararon participaciones accionarias en empresas.
Añadió que el OIC detectó omisiones en el registro de ingresos de hasta 5.6 millones de pesos en declaraciones patrimoniales.
PAN pide comparecencia
El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, José Elías Lixa, anunció el lunes que su bancada promoverá un punto de acuerdo para solicitar la comparecencia de Carvente ante las comisiones unidas de Transparencia y de Vigilancia, así como ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
El objetivo es que el titular del OIC informe a los grupos parlamentarios sobre el estado de las investigaciones, las actuaciones realizadas y las posibles irregularidades relacionadas con proveedores y funcionarios del INE.
“Vamos a llamar a comparecer al titular del OIC para que dé a conocer a todos los grupos parlamentarios qué es lo que se ha hecho en todo este tiempo”, dijo Lixa a medios de comunicación.
El PAN también planteó que las indagatorias revisen la actuación de funcionarios nombrados durante la presidencia de Guadalupe Taddei y que la salida de la consejera presidenta no implique el cierre de las investigaciones.
Con el ADN del oficialismo, la podredumbre llegó hasta la cima del INE. Morena y el gobierno deben sacar las manos del árbitro electoral. Su independencia y autonomía no pueden estar al servicio del poder.
¡El INE no puede tener dueño! https://t.co/XlDCIPzlDX
— Elías Lixa (@eLiasLixa) October 27, 2026
Por su parte, el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal Ávila, afirmó en rueda de prensa que tenía conocimiento de las indagatorias desde hacía aproximadamente seis meses y sostuvo que estas aún no concluyen.
“Yo sabía del Órgano Interno de Control y también sé que ha iniciado investigaciones, no ahora, sino desde hace seis meses, y que no han concluido por el debido proceso y que se da oportunidad a los señalados” de presentar pruebas y alegatos antes de la resolución del OIC.
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