La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó este domingo a las autoridades de Jalisco y del municipio de Guadalajara a respetar y proteger los derechos de expresión y manifestación durante la segunda marcha convocada contra la mala calidad del agua, y pidió evitar actuaciones de fuerza innecesaria como las registradas durante la protesta del pasado 11 de octubre.
En un comunicado, el organismo señaló que tomó nota de la convocatoria de diversos colectivos a una “megamarcha ciudadana” prevista para este domingo en Guadalajara y llamó a las autoridades a garantizar el desarrollo de la movilización.
La CNDH indicó que el equipo que permanece en Guadalajara desde el 13 de octubre continuará con las diligencias relacionadas con los hechos ocurridos durante la protesta del día 11 y estará atento a que no se repitan.
Señaló que “hace un respetuoso pero firme llamado a las autoridades del estado de Jalisco, y del municipio de Guadalajara, para que sean respetados y protegidos los derechos de expresión y manifestación durante el desarrollo de la misma y se eviten actuaciones de fuerza innecesaria, como las que se observaron durante la marcha del día 11”.
El organismo también expresó preocupación por los procesos penales iniciados contra cuatro de las personas detenidas durante aquella movilización y exhortó a garantizar sus derechos humanos y un proceso justo.
De acuerdo con la CNDH, existen señales de que dichos procesos pudieran estar comprometidos por “inconsistencias y contradicciones en las acusaciones que se les hacen”, así como por irregularidades en su puesta a disposición y en el acceso a una defensa jurídica adecuada.
Foto: EFE
También señaló que no se han tomado en cuenta las condiciones en que fueron detenidas las cuatro personas ni la violencia que, de acuerdo con los testimonios recabados por el organismo, habrían sufrido.
La CNDH informó que durante estos días su personal entrevistó a casi la totalidad de las personas que fueron detenidas y retenidas, además de realizar certificaciones médicas.
Según el organismo, esas diligencias permitieron acreditar lesiones y “graves afectaciones físicas y también psicológicas” que atribuyó al trato recibido por policías estatales y antimotines. Ante ello, consideró indispensable la aplicación del Protocolo de Estambul, con el objetivo de aportar elementos para esclarecer lo ocurrido durante el periodo en que las personas permanecieron retenidas.
El equipo de la CNDH también entrevistó a periodistas que aportaron testimonios e imágenes sobre las detenciones, información que permitirá contextualizar los hechos.
Entre los casos documentados, la Comisión destacó el de una persona que sufrió una fractura en las cervicales y que requiere atención especializada urgente debido al riesgo para su vida y para la funcionalidad de su cuerpo. Precisó que se trata de un estudiante de Derecho.
La CNDH añadió que muchas de las personas detenidas y violentadas pertenecen a la comunidad LGBTTTIQ+ o son defensoras de derechos humanos, mientras que para la mayoría de las personas afectadas aún se desconocen el contenido y los motivos de las carpetas de investigación.
El organismo señaló que los relatos que ha recabado presentan coincidencias respecto a presuntas detenciones arbitrarias, así como sobre la participación coordinada de elementos de las policías estatal y municipal y de bomberos.
El equipo de la CNDH, que permanece desde el día 13 en Guadalajara, continuará sus diligencias y estará atento de que en la megamarcha ciudadana contra la mala calidad del agua no se repitan hechos como los acontecidos el pasado día 11.
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— CNDH en México (@CNDH) October 18, 2026
También documentó testimonios sobre la intervención de personas vestidas de civil en las detenciones y señaló “graves omisiones” en la atención de personas lesionadas por parte de paramédicos identificados como pertenecientes a la Cruz Roja y la Cruz Verde, así como de personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ).
Asimismo, indicó que los testimonios apuntan a que Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador Pablo Lemus, “habría funcionado como un espacio de operación dentro del despliegue de seguridad implementado durante la jornada”.
La Comisión señaló que las entrevistas, certificaciones médicas e imágenes proporcionadas por periodistas constituyen elementos relevantes para reconstruir los hechos, identificar posibles patrones de actuación y documentar las circunstancias en que ocurrieron las detenciones.
Ante las irregularidades que ha observado y debido a que todavía no ha recibido el expediente de la CEDHJ, la CNDH informó que abrió una investigación propia bajo el expediente CNDH/5/2026/8529/Q.
Para fortalecer la integración del expediente, informó que la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, instruyó este domingo la coordinación de un equipo multidisciplinario integrado por personal del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, de la Coordinación de Especialidades Científicas y Técnicas y de la Oficina Regional de Jalisco.
El equipo estará a cargo de la Oficina Especial para Investigar la Represión y Desapariciones Forzadas por Violencia Política del Estado durante el Pasado Reciente, debido a la naturaleza de los hechos investigados.
Foto: Cuartoscuro
La CNDH también se pronunció sobre la situación de las cuatro personas detenidas durante la protesta del 11 de octubre. El pasado viernes, un juez las vinculó a proceso por los delitos de lesiones y delitos cometidos contra representantes de la autoridad.
Los cuatro -Samuel Morales Navarro, Alexis Daniel Guzmán Ríos, Juan Darío Muñoz Nava y Teodoro Jesús Torres Valdez- fueron detenidos durante la protesta frente a Casa Jalisco y enfrentarán el proceso en libertad, con medidas cautelares que incluyen acudir periódicamente a firmar ante los juzgados, según informó el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad).
La organización defensora de derechos humanos sostuvo después de la audiencia que la resolución judicial “respaldó la criminalización de la protesta social” y reclamó la liberación de los cuatro por el total de los cargos.
Los abogados del Cepad, que participan en la defensa, señalaron que la decisión judicial “omitió las pruebas” presentadas durante la audiencia.
La protesta del 11 de octubre reunió a unos 10 mil habitantes del área metropolitana de Guadalajara, quienes se manifestaron por la calidad del agua que llega a sus domicilios. Durante la movilización se registró un operativo de policías antimotines, quienes utilizaron gases lacrimógenos y chorros de agua, además de recurrir a la fuerza física. Las autoridades reportaron entonces la detención de 39 personas.
Al día siguiente, el gobernador Pablo Lemus defendió inicialmente la actuación de los policías antimotines y afirmó que habían respondido a un “grupo de choque” de unas 400 personas que habría provocado “un enfrentamiento”.
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Posteriormente, ante la presión social, el mandatario reconoció “graves deficiencias” y “errores” en el operativo, en el que, según sus propias declaraciones, “hubo uso excesivo de la fuerza” y “detenciones injustas”, y anunció una investigación.
El 15 de octubre, el secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández, informó que 17 policías estatales eran investigados por presunto “uso excesivo de la fuerza” durante la protesta.
Ese mismo día, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la CNDH había abierto una investigación por los abusos policiales registrados durante la movilización y que la Secretaría de Gobernación participaba en ella.
(Con información de Aristegui Noticias y EFE)
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