La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, afirmó que no protegerá a funcionarios ni exfuncionarios involucrados en el caso del exfiscal César Jáuregui Moreno y aseguró que colaborará con las autoridades federales en las investigaciones por el operativo de El Pinal, donde participaron agentes estadounidenses.
En un mensaje en video difundido en sus redes sociales, Campos informó que la unidad especializada creada en abril dentro de la Fiscalía General del Estado (FGE) concluyó la etapa inicial de la investigación, que derivó en la judicialización de una causa por delitos del fuero común.
Por separado, señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) judicializó otra causa, derivada de sus propias investigaciones.
“Nadie que sirva o que haya servido en mi gobierno, nadie, está por encima de la ley”, declaró la mandataria, quien sostuvo que la Fiscalía estatal cumplió con sus atribuciones y que ahora corresponde al Poder Judicial determinar el curso del procedimiento.
La gobernadora también aseguró que Chihuahua atenderá cualquier solicitud de información o diligencia que formule la Federación, siempre que se realice dentro del marco legal.
También, Campos recordó que el pasado 24 de abril, un día después de reunirse con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, para tratar el operativo de El Pinal, anunció la creación de una unidad especializada en la Fiscalía estatal.
De acuerdo con la mandataria, el acuerdo de creación estableció como mandato “investigar y analizar la posible comisión de delitos o faltas graves por parte de personas servidoras públicas y deslindar responsabilidades”, en coordinación con los distintos órdenes de gobierno.
La gobernadora explicó que decidió pronunciarse una vez concluida la etapa inicial de esa investigación, pues previamente había anunciado que su administración no emitiría declaraciones mientras las indagatorias estuvieran en curso.
La Fiscalía hizo lo que le corresponde; ahora decide el Poder Judicial.
La causa estatal contra Jáuregui comprende acusaciones por ejercicio ilegal del servicio público y coalición de servidores públicos, relacionadas con la participación de agentes estadounidenses en actividades de seguridad en Chihuahua.
Por su parte, explicó, la FGR judicializó una causa federal distinta contra el exfiscal por el presunto delito de traición a la patria.
Campos sostuvo que ambas investigaciones corresponden a ámbitos de competencia diferentes y aseguró que la Fiscalía estatal aportará a las autoridades federales la información que requieran si surgen otros hechos relacionados con el ejercicio del cargo de Jáuregui.
Asimismo, en su mensaje, la gobernadora también se refirió a la participación de autoridades extranjeras en acciones de seguridad en México.
Sostuvo que la cooperación internacional es necesaria, pero debe realizarse por canales institucionales y conforme a la legislación.
La cooperación con autoridades de otros países es legítima y muy necesaria, pero debe darse con apego a la ley como siempre lo habíamos venido haciendo.
Añadió que exigirá ese mismo criterio a todas las instituciones bajo su responsabilidad y reiteró que su administración mantendrá la colaboración con el Gobierno de México y sus socios estratégicos para combatir al crimen organizado.
El caso se originó por el operativo realizado en abril contra un laboratorio clandestino en la Sierra Tarahumara, en el que participaron agentes estadounidenses.
Tras esas acciones, un accidente carretero causó la muerte de cuatro personas, entre ellos dos funcionarios de la Fiscalía de Chihuahua y dos ciudadanos estadounidenses identificados como agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés).
La presencia de agentes extranjeros en el operativo generó cuestionamientos sobre las condiciones y autorizaciones de su participación en territorio mexicano.
En ese contexto, Campos sostuvo que su gobierno actuará dentro de la ley y rechazó que exista protección selectiva.
Aquí no se protege a nadie ni se persigue a nadie.
La mandataria concluyó que continuará el combate al crimen organizado y la cooperación con las autoridades federales, mientras los procedimientos judiciales determinan las responsabilidades correspondientes.
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