Este análisis refiere también a datos sobre homicidios dolosos y culposos, desapariciones y otros delitos contra la vida, ofreciendo un panorama más completo que el indicador tradicional de homicidios dolosos.
En particular, el estudio destaca que en 2025 los estados con mayor violencia letal fueron Baja California, con 141.9 casos por cada 100 mil habitantes, Sinaloa con 131.1 y Morelos con 117.4.
En contraste, Yucatán (10.5), Tlaxcala (13.3) y Coahuila (14.2) registraron las cifras más bajas, lo que evidencia diferencias territoriales significativas.
Según Armando Vargas, coordinador del Programa de Seguridad de México Evalúa, “Los datos muestran que México tiene realidades de violencia muy distintas según el territorio.
Por ello son necesarios diagnósticos locales y por tipo de delito, recalcó la organización y dijo que, afinar la forma de medir la violencia es clave para diseñar políticas más efectivas.
Esto refuerza la idea de que la violencia no se comporta de manera uniforme y requiere intervenciones diferenciadas, apuntó Vargas.
Según los datos del análisis, aunque el homicidio doloso disminuyó 22.2% en 2025, en comparación con 2015 las víctimas aumentaron 30.7%.
Además, diecinueve entidades superaron el umbral de 11 homicidios por cada 100 mil habitantes, considerado un indicador de violencia letal epidémica, lo que muestra que la violencia homicida sigue siendo estructuralmente alta.
De manera similar, el feminicidio se mantuvo por encima de los niveles de hace diez años; en 2025 se registraron 721 víctimas, una reducción frente a 2024, pero un incremento de 68.5% respecto a 2015.
En cuanto a homicidios culposos y otros delitos contra la vida acumularon aumentos significativos, este último con un incremento de 368% durante la década, lo que evidencia posibles distorsiones en la clasificación de delitos violentos.
En el caso de las personas desaparecidas y no localizadas, el conteo se triplicó en diez años, con un aumento de 212.9%, alcanzando un máximo de 12,942 registros en 2024.
El estudio indica que estos casos comparten territorios y dinámicas con la violencia homicida, por lo que mejorar la calidad de los registros y la clasificación de los delitos resulta prioritario.
Por su parte, Mariana Campos, directora de México Evalúa, destacó la importancia de la colaboración entre Gobierno y sociedad civil.
La seguridad pública es un ámbito en el que la cooperación entre Gobierno, academia, sociedad civil y sector privado puede mejorar diagnósticos, fortalecer políticas y generar soluciones sostenibles.
Este enfoque colaborativo se considera fundamental para consolidar la paz, dijo Campos.
El estudio propone avanzar hacia la pacificación mediante tres ejes; primero, mejorar la gobernanza de los instrumentos de seguridad mediante mesas permanentes de coordinación.
Segundo, implementar políticas diferenciadas por delito y territorio, basadas en diagnósticos locales y métricas precisas; y tercero, aplicar estrategias integrales basadas en evidencia con énfasis local, combinando inteligencia contra el crimen organizado con prevención social y fortalecimiento institucional.
México Evalúa sostiene que la medición integral y la evidencia territorial son herramientas clave para diseñar políticas efectivas y sostenibles que contribuyan a consolidar la paz en el país
