La Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo la vinculación a proceso y la imposición de prisión preventiva justificada en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por su probable participación en el delito de peculado relacionado con el presunto desvío de cinco millones de pesos destinados al sector salud de Veracruz.
En un comunicado, la institución señaló que el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción (FEMCC), presentó “datos de prueba contundentes” ante la autoridad judicial, la cual fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria.
En audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, que se prolongó durante más de 10 horas, el juez de control Gustavo Aquiles Villaseñor determinó que existen elementos suficientes para iniciar el proceso penal.
El dinero presuntamente desviado había sido transferido por la Tesorería de la Federación al gobierno estatal y posteriormente redirigido al pago de nómina y otros compromisos financieros.
La FGR sostuvo que Duarte firmó un decreto que permitió utilizar recursos destinados a personas vulnerables, lo que habría facilitado el movimiento de fondos hacia otros rubros.
La defensa de Javier Duarte cuestionó la validez de los testimonios y la configuración del delito, además adelantó que analizarán presentar una queja ante el Tribunal de Disciplina Judicial por la actuación del juez.
Señaló que el decreto al que se hace referencia, del 19 de diciembre de 2011, no ordena utilizar recursos federales etiquetados y que se trata de aportaciones federales de libre disposición.
Además, afirmó que el delito habría prescrito el 8 de octubre de 2020 y solicitó la no vinculación con efectos de sobreseimiento; sin embargo, el juez determinó que el delito prescribe el 31 de agosto del presente año.
En la audiencia previa, celebrada el pasado 12 de febrero, Duarte de Ochoa negó haber desviado recursos y defendió las decisiones adoptadas durante su administración. Señaló que instruyó al entonces secretario de finanzas a “priorizar los recursos de libre aplicación”, por lo que consideró que “no existe ni siquiera un indicio en el desvío de recursos federales”.
Javier Duarte fue condenado en 2018 a nueve años de prisión por operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, en un proceso en el que fue señalado por el uso de empresas fantasma y por el presunto desvío de más de mil 670 millones de pesos.
Su liberación por dicha sentencia estaba programada para el 15 de abril. Sin embargo, permanecerá en prisión debido al nuevo proceso en su contra, que podría acarrearle una sentencia de hasta 14 años de prisión si fuese condenado.
