A casi tres meses de su creación, el organismo Transparencia para el Pueblo, que sustituyó al desaparecido INAI, presenta graves deficiencias en la protección del derecho de acceso a la información pública, denunció Artículo 19.
La organización documentó que el 99.6% de los recursos de revisión que ha resuelto este nuevo órgano han sido desechados, en su mayoría por motivos de forma.
“Este órgano desconcentrado evidencia un retroceso en la garantía del derecho de acceso a la información pública en el país”, señaló Artículo 19, al destacar que, desde que comenzó funciones el 12 de mayo de 2025, Transparencia para el Pueblo ha resuelto apenas 457 de los 2 mil 253 recursos de revisión recibidos, y casi la totalidad de ellos han sido rechazados.
Según el comunicado, el nuevo organismo utiliza justificaciones “estrictamente formales” para desechar los recursos, como el supuesto incumplimiento de requisitos legales por parte de las personas solicitantes o la falta de respuesta a avisos durante el proceso. Estas decisiones, advirtió la organización, han dejado “en situación de total indefensión a las personas solicitantes”, ya que el organismo no ofrece orientación para subsanar errores ni garantiza un proceso accesible.
Artículo 19 enfatizó que el organismo debería actuar con un enfoque garantista. “La autoridad revisora tiene la obligación de suplir la deficiencia de la queja, evitando desechamientos por razones formales y debiendo priorizar la garantía de los derechos de las personas”, afirmó la organización, en referencia a lo establecido por los artículos 148 y 169 de la legislación en la materia.
Otra de las principales preocupaciones expresadas por Artículo 19 es la falta de autonomía del nuevo órgano. Mientras el extinto INAI operaba como un organismo autónomo, Transparencia para el Pueblo forma parte de la estructura del Poder Ejecutivo. Esta situación, explicó la organización, “compromete gravemente su imparcialidad” y “limita su capacidad de actuar como contrapeso frente a las dependencias gubernamentales que niegan la información”.
Asimismo, Artículo 19 alertó que esta tendencia se ha replicado a nivel estatal: “En al menos 23 estados del país, se han replicado esquemas similares al federal”, transfiriendo las funciones de los organismos locales de transparencia a dependencias de los gobiernos estatales, como contralorías o secretarías anticorrupción.
Además, en 13 entidades se han ampliado las causales para reservar información, lo que, según la organización, “refuerza una tendencia peligrosa hacia la opacidad institucional”.
“La lógica funcional (de Transparencia para el Pueblo) está más alineada con los intereses del gobierno que con la protección de los derechos de la ciudadanía”, denunció Artículo 19, al señalar que este modelo socava principios básicos como la transparencia, la rendición de cuentas y el control democrático.
La organización reiteró que el acceso a la información es un derecho humano clave para la participación ciudadana y la vigilancia del poder público. “El acceso a la información no es una concesión del poder, es un derecho que debe ser protegido, no obstaculizado”.
