El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), ha detectado y sancionado a lo largo de años una red de empresas y operadores financieros que sostienen la infraestructura económica del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), más allá del narcotráfico.
Entre ellas, las autoridades estadounidense identificaron un sistema de “fraude verticalmente integrado” en el sector inmobiliario, así como un esquema de distribución de hidrocarburos robados, conocido como “huachicol”, que opera bajo el amparo de entidades mercantiles registradas legalmente.
Aunado a esto, el CJNG se beneficia de operaciones turísticas fraudulentas como las del complejo Kovay Gardens, ubicado en la Bahía de Banderas, Nayarit. Según el Tesoro, este centro vacacional funciona como el eslabón principal de una estafa de tiempos compartidos que ha costado cientos de millones de dólares a ciudadanos estadounidenses.
La estructura corporativa de Kovay Gardens se apoya en una red de 13 empresas dirigidas por Carlos Humberto Rivera Miramontes, quien, según la OFAC, tiene una “larga historia de colaboración voluntaria con traficantes de drogas”. Este conglomerado incluye a las operadoras turísticas Punto 54 y High Land Park, así como a las inmobiliarias Colinas Proyectos y Construcciones, Ornitorrinco Inmobiliaria y VG Desarrollos de la Bahía.
Además, el cartel utiliza empresas de servicios financieros como Deep Blue Desarrollos, Deep Blue Servicios, Estrategia PVR y Reef Administración Avanzada para gestionar el flujo de capitales ilícitos.
De acuerdo con los informes del Departamento del Tesoro y las investigaciones del FBI, el esquema de fraude de tiempos compartido funciona como una operación de ingeniería social dividida en varias etapas.
La primera fase del fraude consiste en la obtención de datos. Los carteles consiguen listas de clientes a través de empleados corruptos en los propios complejos turísticos legítimos. Esta información incluye nombres, detalles de contacto y especificaciones sobre la propiedad del tiempo compartido. Con estos datos, el cartel opera centros de llamadas, donde telemercaderistas que hablan inglés fluido contactan a las víctimas haciéndose pasar por corredores de bienes raíces, abogados o representantes de ventas de empresas estadounidenses ficticias.
Una vez establecido el contacto, los estafadores presentan ofertas que resultan altamente atractivas para los propietarios. Estas pueden ser estafas de reventa, donde aseguran tener un comprador listo para adquirir el tiempo compartido por una suma elevada, o estafas de alquiler, donde prometen rentar las semanas no utilizadas del propietario a cambio de ingresos garantizados. Para dar una apariencia de legalidad, los criminales envían contratos falsos y documentación que imita los logotipos de instituciones financieras o agencias gubernamentales.
La estafa viene cuando los criminales solicitan pagos por adelantado. Los delincuentes informan a las víctimas que, para finalizar la transacción, deben pagar conceptos como “impuestos de transferencia”, “tarifas de corretaje”, “gastos de cierre” o “multas regulatorias”. Se instruye a las víctimas a realizar transferencias bancarias internacionales hacia cuentas en México. Una vez realizado el primer pago, los estafadores inventan nuevos obstáculos burocráticos para exigir más dinero, prolongando el ciclo durante meses o incluso años.
Finalmente, si el propietario comienza a sospechar o deja de pagar, se activa una fase de “revictimización“. Los mismos criminales, u otros miembros de la red, contactan a la víctima fingiendo ser firmas de abogados que se especializan en recuperar fondos perdidos o incluso funcionarios del gobierno que investigan fraudes. Bajo esta nueva fachada, solicitan una vez más pagos por adelantado para iniciar los supuestos procesos de recuperación, logrando defraudar nuevamente a una persona que ya ha sufrido pérdidas económicas considerables.
La red del “huachicol”
En el ámbito de la energía, el CJNG ha consolidado el robo de combustible, o “huachicol”, como su fuente de ingresos no derivados del narcotráfico más significativa. Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, es señalado como el responsable de una red en Veracruz que extrae combustible de ductos de Pemex para almacenarlo en tanques con capacidad de millones de litros.
La OFAC indica que “El Tanque gestiona una red de gasolineras minoristas aparentemente legítimas donde vende combustible robado”. Entre las estaciones de servicio sancionadas se encuentran Biocombustibles El Jícaro, Dos Océanos Paso del Toro, Etanofuel, Rapicombustibles de Veracruz y Magnocombustibles de Veracruz.
Tiendas, hoteles y equipos de futbol
La diversificación del cartel alcanza aún más sectores comerciales a través de prestanombres como José Saúl Rodríguez Hernández. Bajo su control operan empresas como 3D Modern Printing Press, Comercializadora Coffe Klic y Super Tiendas Klic, además de la Veracruzana de Servicios Hoteleros y Gastronómicos Los Ángeles.
El gobierno de los Estados Unidos sostiene que estos negocios permiten al CJNG financiar la producción de fentanilo en laboratorios clandestinos y mantener su capacidad bélica.
El reporte de la FAOC señala, además, que los centros de llamadas fraudulentas en Nayarit reportan directamente a lugartenientes como Oscar Enrique Jiménez Tapia, alias “Tagayas”, quien también es propietario del Club Deportivo de Formación al Fútbol GMX.
