Inició una jornada de búsqueda de personas desaparecidas en el patio de la Fiscalía General del Estado de Nayarit, donde se presume que podría existir una fosa clandestina construida entre 2011 y 2017, durante la gestión del exfiscal Edgar Veytia.
Autoridades estatales y federales, organismos de derechos humanos y colectivos de búsqueda se mantienen en el lugar realizando distintas maniobras.
La acción responde a una solicitud de Rosa María Jara Montes, titular del colectivo Por Nuestros Corazones, quien aseguró que desde 2018 había pedido acceso a ese punto específico, ubicado frente al estacionamiento de la Fiscalía conocido como Los Pinos
La semana pasada estuvimos trabajando con la Comisión de Búsqueda para hacer el plan de trabajo; teníamos estimado una semana, pero yo creo que va para largo.
La activista explicó que el terreno será intervenido por retículas de 10 por 10 metros, con apoyo de georradar, apertura de pozos de sondeo y binomios caninos especializados para hacer una revisión minuciosa al terreno.
Rosa María dijo que su solicitud se basa en datos que surgieron durante la investigación y juicio contra uno de los perpetradores por la desaparición de su hijo Nicanor Alejandro, víctima de las desapariciones masivas del 22 de junio de 2017.
Según su versión, su hijo y otros cuatro jóvenes también fueron retenidos y asesinados en estas instalaciones, aunque los cadáveres fueron hallados en 2019, en la llamada Fosa de los 21, del municipio de Xalisco.
Yo supe que a mi hijo y a los otros cuatro niños, incluso la jovencita que estaba con él, los tuvieron aquí, fueron torturados y perdieron la vida dentro, de la golpiza que les dieron.
La activista precisó que la petición se reforzó gracias a familiares de otras víctimas, quienes también señalan que sus hijos habrían sido retenidos y desaparecidos en el mismo lugar.
Rosa María recordó que esta no es la primera vez que se inspecciona el lugar, ya que entre el 14 y el 17 de diciembre de 2020, la Fiscalía General de la República (FGR) realizó una revisión derivada de acciones urgentes en investigaciones de desapariciones forzadas en las que participan agentes del Estado.
Sin embargo, la búsqueda fue limitada porque no se permitió acceso a todas las áreas, algunas zonas permanecieron cerradas con candados y no se retiraron vehículos, lo que impidió una revisión completa.
La búsqueda fue por encimita, en los lugares donde se podía.
Previo al inicio de la jornada actual, se realizó un sobrevuelo con dron para detectar posibles alteraciones en el suelo, porque ante cualquier indicio de que las capas de tierra hayan sido removidas será motivo de pronunciamiento y de posibles acciones legales por parte de los colectivos de búsqueda.
“Al más mínimo indicio de que el suelo esté removido o que las capas no estén uniformes, nos vamos a pronunciar y vamos a llegar a las últimas consecuencias”, subrayó, sin descartar denuncias penales o quejas ante organismos nacionales e internacionales.
Esto, a propósito de que Jara Montes mantiene abierto un proceso penal en contra de autoridades, entre ellas el exsub fiscal y exmagistrado numerario, Rodrigo Benítez Pérez, por la desaparición de evidencias y/o prendas de personas desaparecidas.
La búsqueda de una fosa clandestina se remonta al sexenio del exgobernador Roberto Sandoval Castañeda (2011-2017), cuando Edgar Veytia encabezó la Fiscalía en medio de denuncias de amenazas, extorsiones, despojos, torturas y asesinatos, con presuntos vínculos con grupos criminales.
Sin embargo, Veytia fue detenido el 27 de marzo de 2017 en San Diego, California, acusado de conspiración para importar y distribuir heroína, cocaína, metanfetaminas y marihuana; y en 2019 fue sentenciado a 20 años de prisión en Estados Unidos tras declararse culpable de narcotráfico.
Así, en febrero de 2023 colaboró como testigo en el juicio contra Genaro García Luna y entre sus declaraciones admitió haber participado en homicidios y torturas, reconociendo haber asesinado directamente al menos a diez personas.
Por esta colaboración se redujo su condena y quedó libre el 10 de febrero de 2025, aunque permanecerá bajo libertad supervisada hasta 2030.
Sin embargo, para los colectivos, la admisión de Veytia reforzó la posibilidad de que existan fosas clandestinas en el patio de la Fiscalía estatal.
Rosa María sostuvo que el plan actual es mucho más minucioso que la inspección de 2020, y que la revisión incluirá cada cuadrante del terreno, con apoyo de tecnología y personal especializado.
La Fiscalía de Nayarit confirmó en un comunicado, el inicio de estas acciones y detalló que participan la Comisión Estatal de Búsqueda, la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y los colectivos COFAUNAY, Buscadores Unidos de Nayarit y Búsqueda de Nuestros Corazones
La institución aseguró que se garantizará la transparencia y el apego a los protocolos establecidos, con la finalidad de localizar a las personas desaparecidas y brindar acompañamiento integral a sus familias.
Rosa María mencionó que cualquier hallazgo implicará la investigación de las responsabilidades, incluso de exfuncionarios —que podría incluir a Veytia y al último fiscal, Petronilo Díaz Ponce Medrano (2017-2025), actual titular de la Dirección General de Análisis, Información e Inteligencia Criminal—.
Estamos atentos a cualquier indicio y llegaremos hasta las últimas consecuencias.
Además, recalcó que la revisión será exhaustiva, que se levantan registros detallados de cada cuadrante y que los binomios caninos colaboran para identificar indicios de restos humanos.
“Todo lo que encontremos será registrado y llevado a las autoridades competentes, no podemos dejar nada sin documentar”, afirmó.
Finalmente, la Fiscalía de Nayarit, en su comunicado, aseguró que mantendrá disponibilidad permanente para acompañar a las familias y garantizar que se respeten los protocolos de búsqueda.
